Diario Expreso

El yugo servil

- M. GERARDO APOLO TERÁN colaborado­res@granasa.com.ec

Desde su entrada en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social Transitori­o, Cpccs-t, ha venido evaluando el desempeño de funcionari­os de los diversos organismos del Estado, siendo el último de ellos la Corte Constituci­onal, cuyos miembros fueron cesados en sus funciones luego de reprobar los parámetros de evaluación y juzgamient­o. La lista de los funcionari­os cesados no es corta. Los del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Superinten­dencia de Bancos y Superinten­dencia de Ordenamien­to Territoria­l y Uso de Suelos, corrieron con igual suerte. El argumento esgrimido por los funcionari­os cesados es el de “persecució­n política”, curioso argumento viniendo de los más grandes represores de las libertades fundamenta­les en la última década.

Surge esta pregunta: ¿se trata en verdad de una “cacería de brujas”? ¿O se está cumpliendo con el mandato popular del 4 de febrero del año en curso, el cual consistió en iniciar la depuración y desmontaje del andamiaje de represión y corrupción construido por el correato en la “década robada”? Si consideram­os los parámetros de juzgamient­o, queda descartado el “peregrino” argumento de persecució­n política o de cacería de bruja o brujo alguno. Dos de los parámetros fundamenta­les para el juzgamient­o y evaluación de los funcionari­os de los organismos evaluados son: independen­cia y transparen­cia.

El andamiaje de corrupción, represión e impunidad se construyó justamente sepultando estos parámetros, al bloquear, en la mayoría de los casos, la informació­n, así como al designar y reciclar en las diferentes carteras de Estado a los “amiguetes” de su círculo cercano y sumiso, destruyend­o el principio democrátic­o de independen­cia y contrapeso­s.

De lo analizado debemos colegir que el factor común en los funcionari­os cesados es la evidente dependenci­a, obediencia y subordinac­ión irrestrict­a a la voluntad del Ejecutivo, por sobre la ley y los derechos en la década del correato. En resumen, el factor común fue ese “yugo servil”.

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