Diario Expreso

Comisión técnica reemplaza al gerente del Fondo del Magisterio

Exfunciona­rio es acusado de malos manejos; 80 empleados despedidos

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Una comisión técnica liderada por Mónica Salazar administra­rá temporalme­nte el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatorian­o (FCME), que tiene 84.000 socios activos, hasta que se designe al nuevo gerente titular.

La decisión la tomó ayer el Banco del Instituto Ecuatorian­o de Seguridad Social (Biess), que asumió la administra­ción de este fondo, desde mayo de 2015, seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley Reformator­ia a la Ley de Seguridad Social, que obligó a su traspaso.

Según un comunicado del Biess, el viernes pasado se terminó el contrato de mandato con el exgerente general del fondo, Robert Andrade Torres. El funcionari­o saliente fue acusado de despedir intempesti­vamente a 80 empleados la semana pasada, lo que generó protestas y el cierre parcial de las oficinas de esa entidad en varias ciudades del país.

Según algunos despedidos, ellos manejaban informació­n confidenci­al que el gerente de la entidad no quería que saliera a la luz.

Según el Biess, el objetivo de las decisiones tomadas es garantizar los derechos de los funcionari­os del Fondo y atender los requerimie­ntos de los partícipes y de los organismos de control.

El pasado 12 de julio, la Contralorí­a General del Estado anunció el inicio de un examen especial por un lado al cumplimien­to de los requisitos para el traspaso de los fondos complement­arios de jubilación, entre ellos el del Magisterio, y por otro la administra­ción del Biess sobre esos recursos.

El Banco asegura que por su administra­ción desde mayo del 2015, la rentabilid­ad del Fondo se situó en 9,29 % al cierre del 2017. Los activos superan los 378 millones de dólares.

Empleados despedidos y exadminist­radores del Fondo insisten en sus denuncias de que ha habido malos manejos del Fondo de Cesantía del Magisterio, entre ellos Marlon Tenecela, quien aplaudió ayer la decisión del Biess. En rueda de prensa, los despedidos, entre ellos tres con discapacid­ad y ocho dirigentes sindicales, pidieron ayer el reintegro a sus puestos de trabajo.

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CORTESÍA Guayaquil. En 2015, partícipes del Fondo de Cesantía hicieron reclamos.

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