Ahora, la Asamblea indaga en la corrupción casa adentro

Existe una docena de denuncias sobre cobros de los legisladores a sus asesores ❚ El CAL ofrece estabilidad a quienes presenten casos con pruebas

Los ‘aportes’ de funcionarios públicos a Alianza PAIS no eran, al parecer, tan voluntarios como dijeron sus dirigentes, desde 2007. Hay, según denuncian los afectados, asambleístas que exigen ese pago a sus asesores y asistentes.

Un caso: una legisladora, que debía entregar $ 400 cada mes a la agrupación política, ‘socializaba’ ese compromiso: los cuatro funcionarios de su despacho debían cubrir ese valor. Lo cuenta Andrea Utreras. Ella trabajó dos meses con una asambleísta manabita. Cuenta que no pagó el aporte y eso incluso complicó su liquidación. Renunció porque, además, le exigían cumplir tareas ajenas a su función, dice.

EL DETALLE Informe. La Unidad Técnica Legislativa presentará un informe sobre los pronunciamientos de servidores que estarían entregando parte de su salario.

Pero este es solo uno de los mecanismos de abuso en los que, al menos, una docena de asambleístas habría incurrido. La sospecha es que hay quienes se están beneficiando ilegalmente de recursos públicos. La idea de Fabricio Villamar, de CREO, es que la Contraloría audite las cuentas de todos los legisladores. A lo mejor, dice su asesor Pablo Santillán, se encuentran transferencias, mes a mes, sin justificación.

Las autoridades de la Asamblea quieren evitar que el caso salga de control. Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) acordó “dar garantías” a los funcionarios que quieran denunciar su caso y que tengan pruebas. “Sin que corran el riesgo de que su contrato termine (...) mientras presenten una denuncia sustentada”, dijo Luis Fernando Torres, del PSC. Es un reconocimiento tácito a un temor generalizado: los denunciantes no dan sus nombres por temor a represalias.

Pero hay un problema adicional. Santillán ha reunido testimonios de cómo legisladores, supuestamente, obligan a sus trabajadores a pagar las cuentas de movilización, gasolina, alimentación, peluquería, compra de ropa, arriendo o cuentas de telefonía. Pero de esos gastos no hay facturas firmadas.

Aunque también hay otros legisladores menos prolijos: en un par de casos, quedan como prueba las transferencias hechas a las cuentas con el concepto: “pago