El correísmo bajo la sombra de la corrupción
Avanza el caso por delincuencia organizada ❚ El denunciante pide que se investiguen cuentas bancarias en el extranjero
La sospecha flotaba en el ambiente desde hace meses. En diciembre de 2017, el tribunal que condenó al exvicepresidente, Jorge Glas, por asociación ilícita dispuso que la Fiscalía investigue un posible caso de delincuencia organizada asociado a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La sentencia es explícita. Se presume, dice en el documento, la “perpetración de otros delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada”. Hasta ahora, la Fiscalía poco o nada había avanzado en esos casos.
César Montúfar, acusador particular de Glas, puso el pie en el acelerador. Él está seguro que la autodenominada ‘revolución ciudadana’ solo fue un “un grupo organizado que se tomó el Estado por la vía electoral para desde allí cometer estos delitos contra la administración pública”.
Lo dijo ayer en la Fiscalía. Fue para reconocer la firma en la denuncia que puso el 5 de marzo y para rendir su versión. Él, abogado de profesión y ahora aspirante a la alcaldía de Quito, coincide con el tribunal en que la lista de posibles delitos es larga. Por eso, por economía procesal, insiste en que la investigación debe empezar por destapar el esquema organizado que se instaló en el pa- ís y que permitió el cometimiento de los escandalosos actos de corrupción denunciados en los últimos meses.
¿Por qué la prisa del denunciante? Su abogado, Julio Sarango, ve urgente que la Fiscalía y luego los jueces den paso, por ejemplo, a la aplicación de medidas cautelares en contra de los denunciados empezando por el expresidente, Rafael Correa, y el exvicepresidente Glas; el expresidente de la Asamblea, José Serrano; el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera; los exfiscales generales, Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno; el excontralor Carlos Pólit y el exprocurador Diego García.
Una de esas medidas: la prohibición de enajenar bienes y cuentas bancarias en el país y en Panamá, las Islas Marshall, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos. “Ahí está el dinero”, dijo el abogado.
Ellos, los denunciantes, hablan de “cifras astronómicas que fueron apropiadas indebidamente”. Montúfar aseguró que solo en los cinco contratos que se investigaron en el caso de asociación ilícita (Hidroeléctrica Manduriacu, Poliducto Pascuales-cuenca, Trasvase Daule-vinces; Acueducto la Esperanza y la Refinería del Pacífico) la afectación al país fue de 870 millones de dólares.
Según su teoría, que la Fiscalía deberá confirmar, estos no son actos “excepcionales” de corrupción, cometidos por funcionarios “que se desviaron del camino” (Esa ha sido la tesis de Correa al defender la gestión de su gobierno).
Como contó EXPRESO ayer, Montúfar cree que hubo un “esquema institucionalizado” para delinquir.
Ese esquema se habría empezado a configurar desde la misma Constitución, dice él, cuando se borró todo vestigio de independencia de los poderes del Estado.
El segundo elemento, nombrar personas de absoluta confianza a manejar los sectores estratégicos. Prueba de ello, serían los casos de corrupción asociados no solo a Odebrecht, sino también a Petroecuador.
El tercer elemento en este esquema eran, según la versión del denunciante, las instituciones de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría e incluso la Asamblea.
“Eran parte de un mismo grupo (...) era un esquema jerárquico en el que cada uno cumplía un papel para afectar el Estado”, dijo Montúfar. “Fue en la cúpula del Estado donde se organizó un esquema de corrupción”, añadió.
El ex primer mandatario, quien suele ser muy activo en las redes sociales, no comentó este nuevo proceso que se abre en su contra (el sexto) por posibles delitos contra la administración pública. Hasta el cierre