9.500 millones

Esa es la cifra que las 30.000 personas que demandaron a la petrolera Chevron, extexaco, ganaron en sentencias en juzgados de Lago Agrio, en Ecuador, para resarcir reparaciones ambientales, comunitarias, familiares y personales, lo que resulta en más de 316 millones de dólares per cápita por la contaminación generada por la operación de 356 pozos petroleros entre 1964 a 1990, que dejaron cientos de piscinas de petróleo, sin tratamiento adecuado, lo cual fue reconocido por la petrolera cuando en 1995, Texaco firmó un Plan de Acción de Remediación en el que se comprometió a limpiar 264 piscinas de las cerca de 1.000 que se habían identificado.

Un hecho de justicia lógica, que las comunidades han podido demostrar su impacto, está al borde del fracaso por los garrafales errores que se cometieron en nuestro país, y esos errores deben ser sancionados y encausados, ya que este laudo de la semana pasada de la Corte de la Haya puede poner en riesgo al sistema fiscal ecuatoriano.

Por eso pregunto: ¿Quiénes firmaron el acta de conformidad de la salida de Texaco del Ecuador en 1992? ¿Quién firmó el contrato de transacción de 1995 que libera la responsabilidad a la petrolera? ¿Quién libera en 1998 a Texaco de cualquier responsabilidad a futuro tras cumplir con sus obligaciones sociales y de remediación ambiental en el Oriente ecuatoriano? ¿Qué fiscal ordenó el archivo del proceso en contra de los implicados en la firma del acuerdo de finiquito con Texaco en el 2006? ¿Quién contrata al abogado Donzinger, hoy suspendido en su país de origen, los Estados

Este laudo, de la semana pasada, de la Corte de la Haya puede poner en riesgo al sistema fiscal ecuatoriano’.