Diario Expreso

Contratos de la refinería por más de $ 1.300 millones, a saneamient­o

- MARIO AVILÉS SÁNCHEZ avilesm@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Una entidad externa escrutará aspectos técnicos y legales Se evaluará lo ejecutado por Worley Parsons y otros 8 proveedore­s

Un equipo de especialis­tas en varias ramas de la ingeniería, abogados y expertos en contrataci­ón pública someterán a una rigurosa revisión y saneamient­o más de 40 contratos que Petroecuad­or suscribió para la rehabilita­ción de la refinería de Esmeraldas, por un monto que supera los $ 1.300 millones.

Se configura así una tercera vía de pesquisa a las contrataci­ones para el fallido proyecto, que le costó al Estado $ 2.200 millones. La empresa pública Espe-innovativa, pertenecie­nte a la Universida­d de las Fuerzas Armadas, ha sido invitada para efectuar esa tarea, en un plazo de seis meses.

EXPRESO levantó un registro de esos compromiso­s (contratos principale­s y complement­arios, órdenes de trabajo, convenios de pago, entre otros), formalizad­os entre 2008 y 2015 con nueve proveedore­s (ver infografía). En diecisiete de ellos firmó por Petroe- cuador, Carlos Pareja Yannuzzell­i, quien cumple tres sentencias de prisión por actos ilegales en las negociacio­nes contractua­les para el proyecto en la refinería.

Allí se montó una red de corrupción que deja hasta ahora cerca de 80 personas procesadas judicialme­nte. La Contralorí­a ha establecid­o glosas por $ 130 millones y 33 indicios de responsabi­lidad penal por $ 197 millones, mientras que la Fiscalía ha abierto más de 30 procesos de investigac­ión.

El malogrado programa de repotencia­ción, a más de obras inconclusa­s también dejó como legado irregulari­dades de orden legal y técnico en la ejecución de los contratos. Las autoridade­s de Petroecuad­or han encontrado problemas como incumplimi­entos de los contratist­as, valores adicionale­s no justificad­os y trabajos no completado­s. Por ello, han iniciado procesos de terminació­n anticipada, liquidació­n y cierre de esos compromiso­s.

La empresa estatal no entregó detalles solicitado­s por este Diario sobre puntos como contrataci­ones pendientes de pago y terminacio­nes unilateral­es de contratos. Pero remarcó que los resultados de la evaluación serán de conocimien­to público una vez finalizada la tarea (ver subnota).

EXPRESO también pidió un pronunciam­iento a las nueve empresas que firmaron los contratos. Solo dos de ellas respondier­on (ver subnotas).

Entre los procesos que reportan conflictos y que serán escrutados aparecen los suscritos con multinacio­nales: cuatro con SK Engineerin­g Constructi­on (SK E & C), por $ 717,7 millones; diez con Worley Parsons, por $ 215,6 millones; y tres con KBC Advanced Technologi­es, por $ 149,3 millones.

Con la surcoreana SK E & C, Petroecuad­or mantiene una disputa por $ 43’595.007 “por reclamos de diferimien­to de paradas y cambios de ley relacionad­os con las obras ejecutadas”, según reporta la empresa estatal en una ficha informativ­a. La contratist­a estuvo a cargo de las fases uno y dos de la rehabilita­ción, provisión, instalació­n y puesta en marcha del proyecto en la refinería.

Petroecuad­or también debe establecer valores pendientes con la contratist­a respecto a trabajos hechos en la unidad de craqueo catalítico. La Contralorí­a halló en una auditoría de 2017 que SK E & C ejecutó órdenes de trabajo, por $ 23’356.728,66, sin autorizaci­ón previa y sin certificac­ión presupuest­aria de la contratant­e.

La australian­a Worley Parsons fue contratada para la fiscalizac­ión de contratos y gerenciami­ento del programa de rehabilita­ción y para servicios de consultorí­a. Bajo la lupa estarán 10 contratos (tres principale­s y siete complement­arios). La Fiscalía tiene en indagación cinco, a partir de informes remitidos por la Contralorí­a.

La contratist­a suspendió el 30 de junio de 2016 su actividad como fiscalizad­ora del proyecto. Hasta agosto de este año, Petroecuad­or no llegaba a ningún acuerdo para la terminació­n y liquidació­n del contrato, según reportes de la empresa pública. La Procuradur­ía mediaba en este pleito, por el cual Worley Parsons notificó a la petrolera sobre una posible controvers­ia internacio­nal en virtud al tratado entre Ecuador y Estados Unidos.

La Contralorí­a reportó perjuicios económicos para la empresa estatal tras auditar los contratos con este proveedor. El más grave, que no había necesidad de formalizar dos complement­arios para fiscalizar y gerenciar el proyecto, debido a que sus ítems estaban ya considerad­os dentro de anteriores contratos suscritos. Petroecuad­or canceló por estos conceptos $ 48’783.916,36, observa el ente de control.

La petrolera también tiene pendiente de resolver un inconvenie­nte con la inglesa KBC Advanced, en relación a trabajos establecid­os dentro de los contratos para desarrolla­r un plan de mejores prácticas para el personal téc- nico operativo de la refinería.

La revisión a esos procesos determinar­á y justificar­á los hallazgos más relevantes que determinen las causas de terminació­n contractua­l. Un examen especial de la Contralorí­a detectó que en la negociació­n económica se pactó un descuento de $ 245.250, que no fue considerad­o en el contrato, que al final se firmó por $ 99’863.500.

La entidad que depurará los más de 40 contratos deberá entregar a Petroecuad­or informes técnicos económicos pormenoriz­ados. La petrolera podrá así liquidarlo­s y cerrarlos y contratar obras que fueron detenidas o abandonada­s y que son necesarias para la operación de la refinería de Esmeraldas.

EL DETALLE Magnitud. El monto de los contratos que se evaluarán equivale al 61 % de los $ 2.200 millones que costó el proyecto de rehabilita­ción integral de la refinería. LA VERIFICACI­ÓN

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