Los correístas se quedan solos en la defensa de la Ley de Comunicación
La reforma, hasta ahora, cambia el 62 % de la normativa vigente
El consenso es casi general. El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto iniciar hoy el debate para modificar la polémica Ley de Comunicación, aprobada en 2013. Solo se anuncia la ‘resistencia’ de los militantes del correísmo.
La ley, que entró en vigencia durante el apogeo de la autodenominada revolución ciudadana, se convirtió en la herramienta del anterior gobierno para limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, como han denunciado numerosas organizaciones sociales y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si bien, la meta de esos colectivos era la derogatoria de la norma vigente, el presidente Lenín Moreno optó por hacer solo modificaciones. ¿Las más importantes? La eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), de la figura del linchamiento mediático o del defensor de las audiencias. También se propone un nuevo régimen para tramitar los pedidos de réplica o rectificación a los medios.
Se entiende que los asambleístas de Alianza PAIS apoyarán la propuesta del primer mandatario y líder de su agrupación política. Con ellos, se espera el respaldo de las bancadas del PSC, CREO, SUMA o de Integración Nacional.
Un buen termómetro fue el informe para el primer debate. El texto fue aprobado con siete votos. Solo se abstuvieron Marcela Holguín, José Chalá y Carmen García. Los tres simpatizantes del expresidente Rafael Correa.
Ese texto, que fue trabajado por la Comisión de Derechos Colectivos, reforma el 62 % de la ley vigente. De los 119 artículos no se tocan 45.
Los legisladores, por ejemplo, justifican la supresión de la Supercom: “demostró ser un ente administrativo que actuó de manera subjetiva, principalmente al servicio de ciertos funcionarios públicos para perseguir a medios de comunicación y periodistas”. Y, tal como había propuesto el Ejecutivo, la idea es que esa entidad será eliminada en 180 días.
La mayor parte de sus competencias, sobre todo en lo que tiene relación con la tutela de los derechos, quedarán a cargo de la Defensoría del Pueblo.
Los legisladores hicieron algunos aportes, como la venta de los medios incautados en el régimen anterior y la legislación para la protección a periodistas. Esa fue una propuesta que se incorporó tras el secuestro y asesinato de un equipo de El Comercio a manos de un frente narcoterrorista que opera en la frontera norte.
LA CIFRA 180 DÍAS es el plazo para desaparecer la Superintendencia de Comunicación.