La megalomanía judicial
La Contraloría y la Fiscalía recibieron denuncias por contratos con irregularidades ❚ Hay obras con 60 % de sobreprecio ❚ Otras fueron sobredimensionadas
LA CIFRA 78 CONTRATOS y convenios de pago están en litigio en las instancias judiciales. GRUPOS FAMILIARES
Primos Cinco primos del expresidente de la Judicatura fueron superintendentes de obra y personal técnico de la empresa que remodeló la Corte de Guayas.
Empresas Para la construcción
Los indicios revelan otro caso de presunta corrupción. Ahora es en el Consejo de la Judicatura: contratos con sobreprecio, obras sobredimensionadas, consultorías ‘dirigidas’, nexos familiares e improvisación fue la herencia que dejaron los funcionarios que dirigieron la entidad entre 2011 y 2015.
“Un bonito trabajo para la Contraloría y Fiscalía”, dijo con ironía José Cisneros, coordinador estratégico de la Dirección de Infraestructura Civil de la Judicatura. Él es parte del equipo de transición que fue posesionado en junio y que asumió, como una de sus tareas, la revisión de los contratos de consultoría y construcción firmados en los periodos de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh.
Los primeros resultados se presentaron ayer. Marcelo Merlo, presidente de la Judicatura de transición, incluso invitó al fiscal general, Paúl Pérez, para que escuche la cadena de irregularidades que encontraron.
La primera: la Judicatura aprovechó una declaratoria de emergencia para agilitar contratos. Es más, en 2011 el director general emitió una resolución y se delegó a él mismo el cumplimiento.
La segunda deficiencia se detectó en 56 contratos de consultoría que se hicieron para 111 proyectos. En general, tenían plazos de ejecución de entre 15 y 60 días. Cisneros sostiene que, técnicamente, eso es imposible de cumplir. La sospecha es que se trata de contratos previamente acordados y también tuvieron líos en la ejecución.
La tercera irregularidad está en los contratos de obra y fiscalización. Se firmaron 87 contratos de construcción por 304 millones. En general, se iniciaron obras sin contar con estudios, sin tener la propiedad de los predios o sin permisos.
Pero los detalles son los que resultan más escandalosos. En promedio, dicen las autoridades, hubo un sobreprecio del 60 %. de cinco edificios, dos empresas registraron una sola oficina en Quito y eran de padre e hijo.
El Complejo Judicial Guayaquil Norte es un ejemplo: se pagó 34,7 millones cuando su costo real (a precios de 2018) debía ser solo de 17 millones. Hubo un pago extra de 17,7 millones. Lo mismo pasó en Quito, Latacunga y Otavalo.
También hubo un “sobredimensionamiento de las obras”. La Judicatura de transición analizó 66 unidades judiciales y de ellas 43 tienen ese problema. ¿Los casos? En Balsas se levantó una obra de 2.834 metros cuadrados por 2,5 millones. Ahí solo trabajan seis personas. En Echeandía, la unidad tiene 2.938 metros cuadrados y ocho funcionarios.
Merlo dijo que la decisión es no pagar por las obras que tienen irregularidades, aunque haya demandas legales. El caso, además, ya se presentó en la Fiscalía y la Contraloría para la investigación.
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