Exministro malversador
Esta semana se reactivó el juicio político al exministro de Finanzas Carlos de la Torre (el primero de este régimen). El aludido reaccionó en su cuenta de Twitter: “Será que mi censura en el juicio político es ya cosa juzgada? Cinco razones: 1. Es político, no priman los argumentos técnicos ni jurídicos; 2. Cortina de humo frente al escándalo de los diezmos; 3. Comisión de Fiscalización justifica su trabajo; 4. Asamblea justifica que fiscaliza; y, 5. Retaliación por mis advertencias y críticas al mal manejo económico actual”.
Para analizar el intento de victimización que -siguiendo la moda- hace el exministro, recuerdo que usó, para fines distintos a los previstos en la ley, 300 millones de dólares recaudados para las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Hay que ver entonces el meollo, y no perder tiempo en la bobalicona obviedad de que el juicio político es “político”.
Los hechos no están en disputa: con oficio del 5 de enero de 2018 el propio exministro reconoció que había usado “temporalmente” esos 300 millones “para evitar costos de oportunidad por el mantenimiento de recursos ociosos, y endeudamiento público para cubrir necesidades temporales de liquidez en otras cuentas”.
En lo legal, la Ley de Solidaridad dijo bien clarito, como justificación para crear las contribuciones que mandó pagar, que era “necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos que permitan afrontar los desastres naturales acaecidos en el mes de abril de 2016...”. El destino específico de esas contribuciones está en la disposición general tercera: “Los recursos netos obtenidos de las contribuciones... se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas”.
La malversación del exministro es inocultable. Por perseguido que se declare, no podía usar un solo centavo de las contribuciones para cosa distinta a “la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas”. Que agradezca no estar (todavía) preso.
La bobalicona obviedad de que el juicio político es “político” no exonera inocultable malversación’.