Comunidades se unieron para aplicar la justicia indígena por triple crimen
La policía impidió la intervención de civiles, lo que generó protestas
“Quémenlos vivos por asesinos”, era la frase que se escuchaba entre la multitud que se concentró la madrugada de ayer afuera del Consejo de la Judicatura del cantón Caluma, provincia de Bolívar. El propósito era pedir a la policía que les entregue a los tres implicados en el asesinato de María Sislema Pesantes (de 55 años) y sus hijos Luis y Ángel Sislema Pesantes (de 25 y 21).
Cuatro comunidades indígenas que llegaron desde el cantón Alausí y se instalaron desde la noche del sábado en los exteriores del complejo, esperaban que culminara la audiencia en contra de Wilson Orlando Gaibor Vargas, Henry Andrés Ramírez Tigselema y Eva Virginia Yánez Silva, contra quienes se ordenó la prisión.
La comunidad quería hacer justicia de acuerdo con sus leyes, pero la policía sacó a los detenidos vestidos de agentes y los trasladó a la cárcel de Guaranda. Eso caldeó los ánimos y los protestantes siguieron a la patrulla con palos y piedras, exigiendo justicia. A ellos se unió Daniela Abril, hija de la dueña de la finca y quien consideraba a las víctimas como su familia.
Según la joven, uno de los sospechosos ya habría confesado el crimen. Esperaba recuperar los zapatos de Luis que, según ella, llevaba puesto uno de los implicados.
Mientras eso ocurría afuera, en la casa comunal del sector Bellavista eran velados los cuerpos de madre e hijos, quienes fueron asesinados el pasado viernes en una finca del recinto Cumbilli, en la misma localidad.
Según el subteniente Stalin Tabango, jefe del Circuito Caluma, en la revuelta varios miembros policiales y él recibieron golpes. En medio de la redada que se armó con palos, piedras y gases lacrimógenos, los manifestantes retuvieron en un templo a diez uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). El propósito era castigarlos con ortiga y agua helada, pero gracias al apoyo de otras unidades los liberaron.