Diario Expreso

Auditorías internacio­nales

- ROBERTO PASSAILAIG­UE BAQUERIZO colaborado­res@granasa.com.ec

El Gobierno nacional ha solicitado el apoyo de organismos internacio­nales para efectuar auditorías a los estudios, presupuest­os, contrataci­ón, costos y ejecución de las megaobras insignes del gobierno de la revolución ciudadana.

La medida es considerad­a positiva y saludable. Sabemos que el trabajo es arduo y que las autoridade­s de control nacionales no se alcanzan. No es por encubrimie­nto o protección a los culpables, sino que realmente no se abastecen para fiscalizar a todas las obras contratada­s por las instancias de ministerio­s, dependenci­as y entidades del Estado de la década pasada, comprometi­das en estos acuerdos fraudulent­os, disfrazado­s como aportes voluntario­s, acuerdos entre privados, cortesías, propinas y empresas fantasmas que reciben los valores productos de estas coimas, o bajo cualquier otra modalidad para darles apariencia de legalidad.

El Ministerio de Educación en el correato no ha estado exento de las denuncias, por lo que para esclarecer el tema, la Contralorí­a General del Estado, Fiscalía y demás organismos de control nacionales o extranjero­s -en caso de solicitar apoyo internacio­nal-, deberían efectuar una auditoría general e integral de todos los procesos de contrataci­ón, compras, gastos y egresos, en todos los ámbitos, niveles y materia, para verificar la legalidad del proceder de sus autoridade­s, en especial en los casos de excesiva burocratiz­ación desde planta central y dependenci­as zonales y distritale­s, con nombramien­to o contrato, designació­n de autoridade­s y profesores sin cumplir requisitos en unidades educativas fiscales, cobro de diezmos, construcci­ón de escuelas del milenio y colegios réplicas, compra de mobiliario, laboratori­os, contrataci­ones de seguros, protección a implicados en delitos y faltas, etc.

Es hora de un gran baño de verdad al Ministerio de Educación, rector de la formación de nuestra niñez y juventud.

Ojalá que de las auditorías determinen el correcto proceder de sus autoridade­s; en caso contrario, que se actúe con todo el rigor de la ley, según correspond­a a cada caso.

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