El Gobierno sella la polémica por el registro incompleto de la deuda pública

El decreto que abrió una investigación por peculado, fue derogado

Es el último paso para terminar de desmontar el esquema de manejo de la deuda pública que implantó Rafael Correa en su Gobierno: el Decreto Ejecutivo No. 1218, firmado el 20 de octubre de 2016, fue derogado ayer.

En forma, es una cuestión de trámite: en dos líneas Lenín Moreno dejó sin efecto el polémico decreto. Esa fue una recomendación (con carácter obligatorio) que hizo la Contraloría, en abril.

En el fondo, es un viraje completo al manejo de las cuentas estatales. Ese documento, según dijo la Contraloría, le permitió al Gobierno anterior sobrepasar el límite del 40 % para endeudamiento público, vigente en la ley. Solo con ese decreto, Correa sacó las cuentas oficiales parte de la deuda pública: las cuentas entre entidades del sector público o las famosas preventas de crudo que hizo Petroecuador a China y Tailandia.

Así, por ejemplo, en diciembre de 2016 el Gobierno de Correa decía que la deuda pública era de 26.810 millones de dólares o el 27,4 % del PIB. En realidad, dice ahora Finanzas, a esa fecha las cuentas por pagar ya eran de 38.136 millones o el 38,7 % con relación al PIB.

En su defensa, el exmandatario explicó, en varias ocasiones, que lo único que hizo fue aplicar las normas de referencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la ‘deuda consolidada’ aunque, en abril pasado, el mismo organismo internacional negó que se tratara de su metodología.

Tras la auditoría de la Contraloría, Finanzas volvió a publicar los saldos totales de la deuda pública externa e interna (ver gráfico). Correa, por su lado, se ganó una investigación por supuesto delito de peculado que se investiga en la Fiscalía.