Consulta oportuna
Esa especie de trauma que existe en la mayoría de ecuatorianos como consecuencia de haber vivido una década de un gobierno autoritario vuelve necesario que se haga una revisión integral de las acciones realizadas, incluyendo a la Constitución de Montecristi, aprobada al apuro con denuncias de cambio de textos que no correspondían a lo resuelto por los asambleístas.
El doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ha propuesto una nueva consulta para reformar la Constitución y solicitado sugerencias que recojan el sentir de los ecuatorianos sobre las reformas a plantearse en dicha consulta que tendría lugar con ocasión de las elecciones seccionales de marzo del próximo año, lo cual lo acepta el Consejo Electoral. La propuesta tiene -como normalmente sucede- opiniones que con alguna “sutileza jurídica” encuentran obstáculos de procedimiento donde no existen.
No se trata de desviar la propuesta para que sea tramitada como enmienda constitucional, como lo hizo el anterior gobierno, imponiendo a través de un atajo legal y una mayoría parlamentaria sumisa su deseo de perpetuarse en el poder y fortalecerse políticamente. En este caso se la tramitaría como reforma, para lo cual necesita la comprensión del presidente de la República, para que la proponga, y de los asambleístas para que no traben el proyecto, sin evadir el dictamen de la Corte Constitucional previsto en la Constitución, sobre la pertinencia del trámite vía reforma, pues debe quedar claro que una reforma no procede solo en casos de alterar el trámite constitucional vigente
Debe quedar claro que una reforma no procede, solo en casos de alterar el trámite constitucional vigente o en la eventualidad de que se restrinjan derechos’.
o en la eventualidad de que se restrinjan derechos.
Comparto con quienes vienen sosteniendo la necesidad de una Asamblea Constituyente que viabilice una reforma integral de la Constitución. Para ello también se necesita la decisión presidencial, salvo que se opte por la recolección de firmas. El primer mandatario tiene la potestad de decidir si convoca a esta oportuna consulta que debe ser apoyada para que el país se pronuncie por reformas concretas o a través de una Constituyente.