Una mujer está al frente de la trama de los cuarteles
Alias Sobeida era el vínculo con el Frente Óliver Sinisterra
El discurso oficial sobre el escándalo por la venta de armamento militar a grupos irregulares gira sobre dos ideas. La primera, únicamente está involucrado personal de tropa. Y, la segunda, hasta ahora solo se ha confirmado la sustracción de municiones.
Lo dijeron el presidente de la República, el ministro de Defensa y la Fiscalía. Aunque el fiscal del caso, Álvaro Gaybor, no descartó que más adelante se pueda confirmar la venta “de otro tipo de armas, de otro calibre”, dijo.
Lo cierto es que este caso reveló la existencia de una “organización criminal bien estructurada” que, como reconoció el ministro Oswaldo Jarrín, ha infiltrado a las Fuerzas Armadas. Al mando estaba una mujer alias Sobeida, de 28 años.
Ella era, según las investigaciones, la encargada de organizar, obtener, solicitar, financiar las municiones militares. Bajo su mando estaban los “ejecutores y los operativos”. Ellos eran quienes contactaban con los militares para sacar las armas desde los destacamentos ubicados en Guayas, Loja y Esmeraldas.
Fueron estos contactos, por medio de llamadas telefónicas, lo que permitió la identificación de los integrantes de la banda así como establecer la relación ‘comercial’ que tenía con el Frente Óliver Sinisterra. No hay, sin embargo, ninguna llamada directa con alias Guacho, líder del frente, que se presume está en Colombia.
El origen de las investigaciones está en el atentado contra el cuartel de la Policía en San Lorenzo, a finales de enero. Pero, el expediente concreto por la supuesta venta de armas se inició el 5 de agosto tras un informe de Inteligencia de la Policía.
LAS FRASES Nos da la medida de la permisividad del Gobierno anterior. Parecía un acuerdo tácito con quienes traficaban. Estamos hablando de un caso grave. Hay grupos irregulares, armados, que se infiltran en la institución.
Con los indicios existentes, se armó el operativo que concluyó con la captura de 14 personas. Gaybor aseguró que todavía no es posible establecer la cantidad de municiones que habrían sido sustraídas de los cuarteles (alterando el sistema de inventarios del Ejército, en complicidad con un funcionario público), ni los cuarteles afectados, ni el monto del perjuicio económico.