La ‘Estatal’ es una conocida de los nuevos interventores
Dos de los directivos son graduados en la entidad; otro hizo allí una maestría y el cuarto integró el Ceaaces ❚ La Comisión anterior evitó posibles vínculos
La Comisión de Intervención y Fortalecimiento (CIFI), de la Universidad de Guayaquil, designada el lunes pasado por el Consejo de Educación Superior (CES), inició ayer su trabajo en medio de expectativas de estudiantes, docentes y trabajadores que buscan que el alma mater retome la tranquilidad y la excelencia.
A diferencia de la comisión anterior, que laboró tres años en la institución y que estuvo integrada por miembros sin vínculos con la universidad, la actual cuenta con integrantes que la conocen de cerca.
Roberto Passailaigue Baquerizo, presidente, se graduó de abogado allí; Christian Pazmiño Argüello, miembro administrativo y financiero, obtuvo una maestría en Administración de Empresas; Tito Quintero Jaramillo, miembro jurídico, también se graduó de abogado e hizo una maestría; mientras que Fernando Espinoza Fuentes, miembro académico, formó parte del consejo a cargo de la evaluación y acreditación de la educación superior (Ceaaces).
El contacto que ellos han tenido con la ‘Estatal’ les hace pensar que pueden sacarla del mal momento que atraviesa y sentar las bases para que recupere su institucionalidad y se abra paso a la excelencia.
El acto de posesión de los interventores se desarrolló en la sala del Consejo Universitario del alma mater y estuvo a cargo de la presidenta del CES, Catalina Vélez, y del secretario de la Senescyt, Adrián Bonilla.
A su llegada, la comisión fue recibida en medio de aplausos de un grupo de trabajadores y jubilados que pidieron a sus integrantes que solucionen la situación política de la universidad y que, además, acojan los pedidos de estos sectores que esperan mejoras salariales y el pago de las jubilaciones.
Una veintena de policías resguardó el edificio principal que, durante tres semanas, fue centro de enfrentamientos por dos grupos que se disputaron el rectorado.
Vélez afirmó que la intervención no busca colocar un rector, sino “restablecer el orden, garantizar la educación de calidad y mantener la regularidad de sus procesos”.
Passailaigue garantizó los derechos de los estudiantes, la estabilidad docente y del personal administrativo y de servicio, dentro del marco legal; y anunció una reestructuración integral que no lesiones derechos, pero que tampoco permita los abusos a los que suelen estar acostumbrados algunos grupos.
“No habrá persecución política ni politización de la gestión, solo queremos aplicar la ley y la justicia”, indicó, al reiterar que las clases se iniciarán el 22 de octubre y que se trabajará sábado y domingo en el proceso de matriculación.
EL DETALLE En diez días se formará una Junta Consultiva integrada por expresidentes de la República y exrectores, para que aporten con sus ideas a la comisión. MEDIDA