70 familias esperan respuesta
Este Diario intentó hablar con representantes de la inmobiliaria Dartscorp, pero no tuvo éxito. El Banco de Desarrollo del Ecuador sigue acciones legales en su contra. los dos casos más sonados que llegaron a judicializarse por la magnitud del “delito de estafa”. Más de 1.000 personas resultaron perjudicadas.
Esto, explica Rangel, hizo que la Superintendencia de Compañías, encargada de la regulación de este sector, emitiera una resolución para normar la preventa, una medida que -junto a la reciente crisis inmobiliaria que frenó las ventas- incidió en que las denuncias disminuyeran. “Pero como vemos, las quejas no desaparecen”. Y esto, asegura, se da por un desfase de control entre entidades como la propia Superintendencia y los Municipios, encargados de administrar el territorio. “No se trata solo de dar autorizaciones de construcción sino de garantizar que eso se cumpla, y que si no se cumple, que el usuario pueda acudir a una instancia de control que hará respetar sus derechos”.
Desde junio de 2014 (caso Urbanis, Sambo City, de Isidro Romero), EXPRESO viene difundiendo el incumplimiento de obras por parte de varias empre- sas. Y desde finales de 2017 en los incumplimientos en que ha incurrido Rumbea & Rumbea en dos proyectos específicos: Bosques de Rioja (Samborondón) y Costa Plaza (vía a la Costa).
Hasta el pasado viernes, 45 familias de esta última urbanización esperaban que la empresa cumpla con entregar la piscina, que hoy es una fosa revestida con fierros viejos y maleza, y con la dotación de servicios tan básicos como electricidad y agua potable. Se siguen abasteciendo con tanqueros.
Según los registros del Municipio de Guayaquil, este proyecto fue aprobado en el 2012 como un conjunto residencial, pero la empresa nunca culminó con la fase de inspección final, lo cual la imposibilitaba de continuar con el proceso de venta y habitabilidad. Algo parecido sucedió con Ciudad Victoria, urbanización que opera sin permiso.
Así lo asegura José Rubio, director de Urbanismo, quien explica que este Cabildo ha creado ordenanzas al respecto como la de exigir a las constructoras a tener un avance del 50 % de la obra y garantías bancarias para poder operar, pero aclara que es la Superintendencia el ente que debería velar por total cumplimiento de leyes que a nivel nacional prohíben a las empresas vender sin permiso municipal. “Si las empresas no hacen una buena labor, debe ser la Superintendencia la que sancione a las compañías”.
Este Diario hizo varias consultas a este ente de control, pero esto no dio más detalles. En un correo electrónico previo, se admitió de los vacíos y de la debilidad de normativas para ejercer fiscalización. Por ejemplo, se cita la inequidad que existe desde las cláusulas de contratos que imponen penalidad a las personas que dejan de pagar sus cuotas, pero ninguna sanción cuando una inmobiliaria se retrasa meses o años para entregar una obra. Se aclara que la Superintendencia como ente de control se desenvuelve única y exclusivamente dentro del marco legal con el que cuenta. En ese sentido lamenta que se haya derogado un texto inicial de una de sus resoluciones que, en el 2014, exigía la constitución de fideicomisos para proteger el dinero del cliente, hasta que la empresa demuestre que su proyecto es viable. “Esta medida proporcionaba un control adicional y servía como una contingencia para los prominentes compradores”, dice. Actualmente, agrega, se cuentan con medidas administrativas que “son correctivas y no preventivas” que resultan insuficientes para resarcir los perjuicios causados que dejan ciertas inmobiliarias.
CIUDAD VICTORIA presentadas en la Defensoría del Pueblo llegan a judicializarse. Terrabienes es uno de los casos clave.