“U

stedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!”, exclamó el dictador chileno Augusto Pinochet, de 82 años, cuando la noche del 16 de octubre de 1998 fue detenido en la London Clinic de la capital británica, según el libro Yo, Augusto, de Ernesto Ekaizer. Había viajado a Europa para someterse a una operación de columna y como en Chile era senador vitalicio pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. La coyuntura fue aprovechada por el juez español Baltazar Garzón, quien emitió en la víspera una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España por una querella criminal en el marco de la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 días de reclusión y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso -que el martes cumplió 20 años- marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad.

PRECEDENTE La detención de Pinochet mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia transnacional.

La detención de Pinochet mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. Para Naomi Roht-arriaza, profesora titular de Derecho de la Universidad de California Hastings College of Law, con el caso Pinochet “se empezó a revalidar la justicia universal como una forma complementaria de justicia internacional, al lado de la emergente Corte Penal Internacional -el Estatuto de Roma se firma el mismo año que la detención- y de los tribunales ad hoc”. La académica explica que la causa ofreció esperanza a las víctimas de conflictos de larga duración y los abogados empezaron a llevar casos a tribunales extranjeros, como los de Bélgica o España.

“Los militares y ex jefes de Estado de varios países cancelan viajes y limitan sus movimientos por temor a las órdenes de arresto. Esto, claro, crea una reacción de los poderosos, quienes abogan por restringir el uso de la jurisdicción universal y logran cambiar las leyes en Bélgica y España y promover interpretaciones restringidas en otros países, aunque ahora el nuevo Gobierno español está en proceso de replantear esas limitaciones con vistas a ampliarla