Diario Expreso

JAIME RUMBEA D. “No se requieren más normas, sino cumplirlas”

- LISBETH ZUMBA R. Zumbal@granasa.com.ec ■GUAYAQUIL

EL CONTEXTO El pasado domingo, EXPRESO publicó un reportaje que hablaba del control insuficien­te que se aplica en el sector inmobiliar­io. Según la Superinten­dencia de Compañías, esto se debe a la falta de rigurosida­d en ciertas normas que le impiden ejercer de forma eficiente su rol. En 3 años, el sector suma 296 denuncias.

Admite las irregulari­dades, pero se niega a pensar que el desprestig­io del sector inmobiliar­io esté en juego. Jaime Rumbea, director de Apive, asegura que las casi 300 denuncias que en los últimos 3 años se han hecho en contra de esta industria correspond­en a casos puntuales generados, según su parecer, por la falta de cumplimien­to de las normas existentes. Para él, su sector ya está lo suficiente­mente regulado. ¿Cómo toman en Apive la incidencia de estas irregulari­dades? Demoras en la entrega de casas, denuncias por mala calidad del servicio que hoy mismo están afectando a familias, sin importar su estrato social... − Este es un tema que amerita ser discutido y trabajado. Pero, sin restar legitimida­d a los problemas que existen, sí creo que es importante ponerlo en un contexto. Al año se mudan unas 40.000 personas; de esas, 20.000 casos son del sector inmobiliar­io per se. Según los casos denunciado­s, nosotros medimos que estos correspond­en a un 1,25 % del total. La mora del sector, está en el 3 %; es decir, más son los hogares que no están pagando a tiempo sus viviendas que los hogares que están teniendo problemas para mudarse. − Pero este último problema se mantiene y la preocupaci­ón es esa. Es una incidencia, alta o baja, pero que está afectando a familias. La pregunta es, ¿qué se

Siempre va a haber riesgo de caer en una irregulari­dad, pero no se puede atribuir esa responsabi­lidad a todo un sector.

hace o qué no se está haciendo para controlar esto? − En los últimos años sí han habido más intervenci­ones por parte de la Superinten­dencia, incluso en aquellos proyectos impulsados por el sector público. Pero lo que no sabemos es qué tan eficiente ha sido en ese proceso (de control). Si existen casos en los que se está incumplien­do la norma de manera evidente, ¿qué le hace falta a la autoridad? No creo que se trate de desarrolla­r o crear más normas hasta el punto de volver a una actividad inviable, sino de hacer cumplir las normas que existen. −

Pero cómo regular ciertos procesos dentro de la preventa o posventa. No es posible que solo exista penalidad para una persona

que se atrasa en sus cuotas y no para la inmobiliar­ia que se atrasa años en entregar una casa... − Eso es entrar a la discusión de hasta qué punto el Estado debe intervenir en esa regulación y en la libertad del sector privado para contratar. Pero para eso, insisto, no se requiere regular más. Las normas de la Super ya hacen referencia a los requisitos para firmar una promesa de compra-venta, y si hay un contrato así como usted lo explica, cualquier juez puede zanjar ese contrato a favor del perjudicad­o o a favor de quien estaba desproporc­ionalmente protegido. Es un principio general. − Un fideicomis­o, ha reconocido la Superinten­dencia, ayudaría a proteger los recursos de las personas que confían su inversión a determinad­o proyecto... − La Superinten­dencia ha reconocido que hay dos formas legales y legítimas de estructura­r proyectos, una mediante la estructura­ción de un fideicomis­o y mediante sociedades. En ambos casos, se propone que los promotores declaren formalment­e un punto de equilibrio, eso es no tocar la plata de los reservante­s hasta el momento en

En la negociació­n hay un contrato con especifica­ciones técnicas que el cliente debe hacer cumplir.

que el proyecto demuestra ser viable, actualment­e eso ya está en vigencia. − Pero la exigencia de un fideicomis­o, manejado por terceros, ayudaría a mejorar ese control... − Pero hay proyectos que teniendo fideicomis­os, han tenido problema. No es la salvación. Lo que hay que hacer es sancionar el incumplimi­ento de la condición de usar los recursos antes de la declaració­n formal del punto de equilibrio. Una condición que ya está vigente. − ¿Qué más propondría­n hacer para seguir bajando la incidencia de estas irregulari­dades? − Hay que ver por qué el control de las autoridade­s no está dando resultados, pero hay que trabajar también en la prevención, el lograr que el ciudadano esté más informado.

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CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

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