Militares acusados de tráfico de armas apelan la prisión
Siete uniformados y seis civiles fueron apresados el pasado 17 de octubre
La Corte de Esmeraldas resolverá si continúan detenidos los siete militares investigados por supuesto tráfico de armas destinadas al grupo narcodelictivo Óliver Sinisterra, liderado por Walther Arízala, alias Guacho.
Sus defensores apelaron la semana pasada la orden de prisión preventiva en su contra y de seis civiles dictada por el juez de San Lorenzo Óscar Cuenca. El pedido lo efectuó el fiscal Álvaro Gaybor durante la formulación de cargos.
Walter Arboleda defiende a Luis Bautista. Él presentó un escrito en la Fiscalía solicitando copia del expediente y varias diligencias. Arboleda es uno de los abogados que apelaron la prisión. Confirmó a EXPRESO que el caso ya pasó a la Corte, en donde espera demostrar la inocencia de su cliente, detenido en Guayaquil mientras hacía deporte.
El defensor aseguró que “él no tiene nada que ver, lo único que tienen es una llamada telefónica de uno de los implicados, que le ha preguntado por el turno de guardia”.
Según el fiscal, la cabecilla de la organización delincuencial sería alias Sobeida, una mujer de 28 años, madre de seis hijos, a quien señaló como la encargada de conseguir y pagar por el armamento que iba destinado al grupo de Guacho.
Su abogado, Jimmy Solís, aseguró a EXPRESO que su defendida no tiene nada que ver con las acusaciones. Según él, Sobeida es una agricultora pobre que vive de la siembra de cacao en cinco hectáreas de tierra que posee entre Mataje y La Cadena, en San Lorenzo, Esmeraldas.
El 17 de octubre la Fiscalía lideró un operativo en cinco provincias que concluyó con la detención de 13 personas. En Quito fue allanada la Comandancia del Ejército. Se detuvo a un ingeniero informático sospechoso de manipular el Sistema de Inventarios para adulterar registros de armas y municiones.
Así, una parte de las municiones desaparecía del sistema y los militares sospechosos habrían sido los encargados del retiro de los rastrillos.
EL DETALLE Investigación. La instrucción fiscal del caso durará 90 días. La formulación de cargos se hizo en forma reservada, por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado.