La Fiscalía pide prisión para siete vinculados a Alvarado
Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba en la Corte
La instrucción fiscal que investiga a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del correísmo, por contratos irregulares en la Secom, tiene ocho nuevos sospechosos.
La fiscal subrogante Ruth Palacios vinculó ayer a los exsubsecretarios Pablo Yánez, Marco Bravo Segovia, a los exfuncionarios Juan Chiriboga, Galo Pacheco, Javier Lemos, Vanessa Salgado y a los proveedores Elsa Vivanco y Carlos Bravo Segovia. De ellos solo Lemos acudió a la diligencia.
En la audiencia la fiscal pidió la prisión preventiva para siete procesados por el riesgo de fuga. También pidió la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas y fondos.
Para el exsubsecretario de Comunicación Pablo Yánez, la fiscal solicitó la presentación periódica ante la autoridad competente, prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de fondos y cuentas.
Hace casi un mes Yánez presentó un escrito en el que mostró su afán de presentar información contenida en grabaciones, correos electrónicos, chats y vídeos con los que se demostraría que las órdenes eran impartidas por Alvarado.
La Fiscalía acogió su pedido de brindarle seguridad en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, anunció su abogada Lorena Grillo.
La fiscal subrogante expuso que durante la instrucción contra Alvarado aparecieron datos y hechos que hacen presumir la participación de los ocho vinculados.
Mencionó el informe de la Contraloría que auditó los gastos de contratación, ejecución, producción y montaje de los enlaces sabatinos entre 2013 y 2017. El documento estableció indicios de responsabilidad penal. Una de sus conclusiones fue que se contrató a una persona que no estaba capacitada para efectuar el trabajo.
Se trató de Víctor Erique Sarango, fallecido el 27 de enero de este año en un accidente de tránsito. La fiscal dijo que Erique no cumplió con los perfiles. Además mencionó que para el mismo trabajo se había contratado a la empresa Gota Azul de Carlos Bravo, hermano del exsubsecretario Marco Antonio Bravo. Hubo duplicidad del producto, dijo la fiscal.
Mencionó además el contrato a la firma Sartre para una consultoría encargada de analizar los planes de mejoramiento de las sabatinas. El perjuicio al Estado que halló la Contraloría fue de 254.440 dólares.
La defensa de los hermanos Bravo se efectuó en la red social Twitter en donde se incorporaron documentos para proclamar su inocencia.
Marco Bravo además denunció linchamiento mediático. En su cuenta de Twitter el domingo pasado expresó que responde por sus actos. “Acudiré a todos los llamados de la justicia, daré la cara, soy periodista y como tal trabajé en el Gobierno de Rafael Correa, eso no me convierte en un corrupto”, dijo.
LA CIFRA 30 DÍAS se sumarán a la instrucción fiscal por presunto peculado. Concluirá el 5 de diciembre.