La Asamblea no sabe cómo sancionar a las legisladoras
La ley no establece el número de votos que se necesitan para destituir a un asambleísta ❚ Fiscalía quiere formular cargos a Espín por tráfico de influencias
Más presión para la Asamblea. Aunque los legisladores no han sido capaces todavía de resolver el caso de Sofía Espín (y de hecho cada vez encuentran más problemas en el trámite), lo más seguro es que, además, tengan que autorizar el inicio del proceso penal en contra de la asambleísta correísta.
Ella es investigada por la Fiscalía y por el mismo Legislativo, por haber visitado en la cárcel a una testigo protegida en el caso por el supuesto secuestro del activista Fernando Balda e intentado cambiar su testimonio.
A la Fiscalía le toca determinar las responsabilidades penales. Y en la entidad creen que hay los elementos necesarios para formularle cargos por “la oferta de realizar tráfico de influencias”. Por eso, el lunes por la tarde la fiscal subrogante, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije día y hora para la audiencia.
Espín no es la única sospechosa del supuesto ilícito sancionado con una pena de cárcel entre tres y cinco años: Yadira Cadena, una de las abogadas del expresidente Rafael Correa en el caso de asociación ilícita y plagio a Balda, también sería imputada.
Iván Saquicela fue el juez sorteado para conocer el pedido de la fiscal. Previo a cualquier señalamiento, el juez debe pedir autorización a la Asamblea, explica el abogado Milton Castillo.
Así, la decisión de levantar o no la inmunidad de la legisladora estará en manos del pleno del organismo Legislativo que, por su lado, mantiene en stand by el proceso en el que deberían establecerse las responsabilidades Sofía Espín no se pronunció por el pedido de la Fiscalía. En redes sociales, sin embargo, replicó comentarios a su favor. Su coidearia Marcela Aguiñaga, por ejemplo, dijo que la conducta de Espín no se adecua a los elementos del tipo penal que se requieren para que se le formule cargos.
POSICIÓN
políticas de Espín.
Con un agravante: ahora se advierten vacíos en el mecanismo de votación que debería usarse para decidir si ella debe perder su condición de asambleísta por una supuesta incompatibilidad de funciones, como la acusó Esteban Bernal, de CREO. Ayer, Luis Fernando Torres, asambleísta del Psc-cambio e integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), reveló que la ley de la Función Legislativa no dice cuántos votos se requieren para destituir a un asambleísta.
La norma, aprobada en la década pasada bajo el auspicio de una mayoría de Alianza PAIS, solo dice que los legisladores podrán cesar en el cargo por “destitución conforme al trámite previsto en esta ley”.
Ese trámite -como sucedió para Espín y también para Norma Vallejo (acusada por tramitar cargos públicos)- contempla la creación de una Comisión de investigación que elabora un informe, la presentación del acusado ante el pleno y la votación, dice la ley.
Según Torres, para resolver los expedientes de Vallejo y Espín, que concluyeron con la recomendación de la destitución, los legisladores primero tendrán que decidir si será con una votación de la mayoría simple de los presentes en la sala o si se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.
Guillermo Landázuri, expresidente del desaparecido Congreso Nacional, cree que por práctica general debería ser con el voto favorable de la mayoría de los asambleístas. El caso de Espín, dijo a EXPRESO, es una muestra clara “de corrupción, de interferencia en la justicia y la Asamblea debería proceder inmediatamente como recomendó la comisión”.
Tanto él como Torres, sin embargo, ya advierten que otra tarea cuesta arriba será conseguir los votos para esa sanción. “Si no hay los votos, que el país sepa quiénes no quieren sancionar a la corrupción”, dijo Landázuri. Buena parte de la presión estará en el comportamiento del bloque de Alianza PAIS.