IESS endeudado
Diario EXPRESO publicó el pasado 6 de noviembre una información sobre el endeudamiento adquirido por el IESS con créditos externo e interno por 150 millones de dólares, para equipamiento de varios hospitales contratados sin concurso público antes de la pasada elección presidencial, con el agravante de que para establecer la viabilidad del endeudamiento se contrataron “estudios” por 8 millones de dólares, lo cual impone que sea debidamente investigado y aclarado.
Nada justifica esta deuda que afecta a los afiliados a dicho organismo. Resulta paradójico que el IESS invierta en bonos o certificados del Estado ecuatoriano cifras cercanas a los 9.000 millones de dólares, y recurra a un préstamo, salvo que este responda, como se ha denunciado, a turbios negociados en la contratación de hospitales, hechos con el común denominador que caracterizó al gobierno anterior: altos sobreprecios y jugosas comisiones para los contratantes.
El país espera que se establezcan concretamente por parte de Contraloría y de las actuales autoridades de la institución, medidas que transparenten cuentas de una entidad que no puede ser tomada como botín a repartirse, perjudicando a sus legítimos dueños, los aportantes, a quienes de manera absurda no se los incorpora a la dirección y administración del organismo, siendo imperativo y urgente que se revise la conformación del Consejo Directivo, en el cual los jubilados no tienen quién los represente, como sucedía en épocas anteriores.
La mala administración del IESS pone al borde del colapso las prestaciones de pensiones y atención a la salud.
La seguridad social no debe continuar siendo parte de un reparto político a libre disposición de gobiernos de turno’.
La seguridad social no debe continuar siendo parte de un reparto político a libre disposición de gobiernos de turno. La fuga de ex altos funcionarios, el enjuiciamiento de otros, las denuncias de un festín pagando facturas falsas o elevadas por servicios médicos a particulares, medicamentos adquiridos no según necesidades sino de acuerdo a quién da más comisión por la compra, obligan a un cambio radical en la administración del organismo, que debe ser ejemplo de solidaridad y garantía de protección a sus afiliados.