Fastuoso negocio de comisiones ilegales
Empresas chinas pagaron 200 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela ❚ Exfuncionarios de Chávez involucrados
El Gran Volumen, un megacontrato de 20.000 millones de dólares (17.600 millones de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano cubrió un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’andorra (BPA), un banco cerrado en 2015 por blanqueo de capitales.
Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social fue el encargado de administrar los fondos. Una suculenta oportunidad para Salazar.
Y es que Salazar no era un empresario más. Es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo de Venezuela entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. La jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales.
El circuito Venezuela-chinaandorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec.
El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la jueza Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 % neto del volumen de negocio de Camc Engineering.
Tras la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución de la planta El Vigía”.
Por cada obra adjudicada, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró, sumando 106 millones de dólares. Al tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA.
El negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares. Y la firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de la central de La Cabrera.
Salazar declaró en 2015 en Andorra ante la jueza que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de decidir qué empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado en septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exviceministros de Energía de Hugo Chávez.
EL DETALLE Venezuela. Los casos de corrupción se confirman en momentos en que el país vive una crisis económica con una hiperinflación que cerraría 2018 en 1’350.000 %.