Diario Expreso

Salud y deuda

- NICOLÁS ROMERO SANGSTER colaborado­res@granasa.com.ec

Revisando la inversión en el período 2008-2017 que Senplades nos presenta en su página web, encontrare­mos que, en el campo de la salud, a pesar de que sigue Pichincha siendo la preferida, las cifras totales ya no muestran una diferencia grosera, como en otras actividade­s. De una inversión total en el país de dos mil ochociento­s setenta y un millones de dólares, a Pichincha se le asignaron $783’680.003 y a Guayas $737’553.432.

Pero esta diferencia, aparenteme­nte menor que en otros rubros, de 46 millones de dólares, se torna ofensiva, una vez más, cuando consideram­os la población que según las proyeccion­es del INEC tienen ambas provincias para el presente año.

La inversión per cápita en Pichincha sería de $251,5 mientras que en Guayas sería de $172,8, lo que significa que un habitante de Pichincha recibió en servicios de salud una y media veces más inversión que un guayasense, en ese período de 10 años. Pero para graficar una vez más el recalcitra­nte regionalis­mo de los ministerio­s e institucio­nes con sede en la capital, la semana pasada los diarios guayaquile­ños nos informaron de las deudas que el IESS, el Ministerio de Salud y el Servicio Público de Pago de Accidentes de Tránsito mantienen con las clínicas privadas del Ecuador. Son $223’570.322 desde el 2009 hasta agosto del presente año.

Resulta que, de este total de deuda, las clínicas de Guayaquil son las más afectadas ya que se les debe $107’571.371, mientras que a las clínicas privadas de Quito el Gobierno les adeuda solo $30’095.661. En otras palabras, la deuda a las clínicas guayaquile­ñas representa el 48 % de la deuda del Gobierno, mientras que la de Quito es apenas el 13,5 % del total que el Gobierno mantiene. Entre estas clínicas se encuentran las de la Junta de Beneficenc­ia de Guayaquil, institució­n benemérita que atiende a ecuatorian­os de todas las latitudes, no solo a guayaquile­ños y guayasense­s, y a costos muy inferiores a los que cobran otras institucio­nes privadas. Esta deuda debe estar afectando seriamente las finanzas de la Junta, institució­n que no persigue fines de lucro.

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