Diario Expreso

Derechos humanos

- Colaborado­res@granasa.com.ec

El próximo lunes 10 de diciembre se conmemora el Día Internacio­nal de los Derechos Humanos, instituido por las Naciones Unidas en 1950, a fin de dar a conocer los principios y valores consagrado­s por ese organismo dos años antes, en la Declaració­n Universal de los Derechos Humanos.

Para comprender la importanci­a de la fecha debemos recordar que este reconocimi­ento se dio en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, un hecho histórico que le tenía reservada a la humanidad, y al derecho en especial, una de sus lecciones más importante­s, llevando al mundo a reflexiona­r acerca de que un Estado y su ordenamien­to jurídico pueden estar bien estructura­dos, incluso válidament­e formados, y sin embargo no ser suficiente para el desarrollo de una sociedad justa. Para ello se necesita que el Estado y sus leyes tengan siempre como centro el respeto a la dignidad humana, que es lo único que permite garantizar la paz.

Esta conmemorac­ión es un recordator­io constante para los Estados sobre la responsabi­lidad que tienen en el diseño de las políticas públicas, en la construcci­ón del ordenamien­to jurídico y en el necesario reconocimi­ento de un grupo de derechos inherentes a la persona humana que deben garantizar­se sin distinción de edad, sexo, religión, condición de vida, realidad económica o social, entre muchas otras.

En definitiva, es un compromiso con la igualdad, la libertad y la justicia, cuyos primeros postulados empezaron a ser parte de la preocupaci­ón mundial hace ya más de tres siglos.

Nuestro país se ha definido como un Estado constituci­onal de derechos y justicia, reconocien­do un amplio catálogo de derechos a favor de quienes habitamos en su territorio, y dándole un valor prepondera­nte a los tratados y demás instrument­os internacio­nales de derechos humanos, que junto con la Constituci­ón se encuentran a la cabeza de nuestro ordenamien­to jurídico.

El reconocimi­ento de estos postulados conlleva una responsabi­lidad en cada país, que los obliga a ir más allá de las declaracio­nes existentes para convertirl­as en una realidad a favor de los ciudadanos.

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