La justicia viaja en la estela de investigaciones foráneas
La Fiscalía, las cortes y hasta la Asamblea no pueden seguirle el ritmo a las investigaciones en el extranjero ❚ La lentitud tendría motivaciones políticas
La justicia ecuatoriana camina en ‘slow motion’ si se compara con las investigaciones de otras latitudes. Esa eficiencia foránea provoca que gran parte de los casos de corrupción desvelados e investigados en Ecuador, en los últimos años, provengan de resultados obtenidos en el exterior.
Las irregularidades detrás del encarcelamiento y vinculación del exmilitar, Telmo Torres, con el narcotráfico mexicano son el último ejemplo. A raíz de la declaración dentro del juicio al Chapo Guzmán, ministerios, el Consejo de la Judicatura y hasta la Asamblea anuncian investigaciones.
Esa acción reactiva de las autoridades de justicia y fiscalización es cuestionada por diversos sectores. El asambleísta correísta Esteban Melo considera que no existe una justicia que esté trabajando en la resolución de verdaderos casos de corrupción. Él considera que los órganos de control tienen consignas políticas más que técnicas e imparciales.
El ministro de Justicia encargado, Ernesto Pazmiño, está de acuerdo con parte de esa afirmación. Él también considera que la justicia está parcializada hacia intereses económicos.
Por eso, el funcionario anunció investigaciones dentro del Ministerio. Habrá destituciones y, de ser el caso, aplicación de sanciones para quienes actúen por encima de la ley.
El asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano, también considera que se deben exigir respuestas a la exministra de Justicia, Rosana Alvarado. Él pidió la comparecencia de la excolaboradora de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno.
El caso Torres no es el único que se ‘importó’. Las investigaciones por corrupción con Caminosca, las irregularidades dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), los nombres de altos funcionarios en los ‘Panama Papers’ y la red de sobornos que la transnacional Odebrecht pagó en Ecuador son temas que llegaron a las autoridades de justicia desde otros países.
El problema no es, dicen los consultados, que los casos lleguen desde afuera sino que no avancen al mismo ritmo. En Odebrecht, por ejemplo, las denuncias aparecieron en 2016 pero -hasta agosto de este añosolo hay una sentencia.
La velocidad y eficiencia enfrentan otro obstáculo. Las indagaciones e investigaciones previas que lleva adelante la Fiscalía General se aletargan por la inestabilidad de su autoridad. En un año, la Fiscalía ha tenido cuatro fiscales generales en funciones.
LA CIFRA 2.041 PEDIDOS de información ha realizado la Asamblea Nacional en 150 días.