Un debate que sumó más pros que contras
El bloque correísta es el menos afín a reformas a la Ley de Comunicación ❚ El resto de sectores exige cambios urgentes
El debate fue un ejercicio de la tan nombrada libertad de expresión. Más de cincuenta asambleístas pidieron la palabra para referirse a la necesidad de reformas a la Ley de Comunicación. Hasta el cierre de esta edición, continuaba la discusión de cambios al texto correísta.
No solo fueron los asambleístas. Grupos indígenas, colectivos académicos y representantes de los medios de comunicación expresaron sus observaciones a un documento que, según ellos, fue creado con el propósito de silenciar a la prensa, ocultar irregularidades y desinformar a la ciudadanía.
EL DETALLE Universidades. El texto, según colectivos sociales, debe considerar la producción de los centros de estudios académicos. Eso, dicen, no se contempla.
Una postura diametralmente opuesta a la que mantienen los legisladores simpatizantes del expresidente Rafael Correa. Ellos ven a las reformas como una oportunidad para pasar de la libertad de prensa al “libertinaje de los medios”.
Esa diferencia de criterios y el afán de ‘parlar’ obligó a que la sesión de segundo y definitivo debate para las reformas a la Ley de Comunicación se extienda por más de cinco horas. Todos tenían algo que decir. Todos, con sus declaraciones y ponencias, alargaron la llegada del debate sobre la proforma
Monopolio El asambleísta Luis Pachala dijo que esa producción se concentró en “los Alvarado”. presupuestaria para el próximo año. Originalmente, la Asamblea Nacional planificó tratar el documento económico antes que la ley de medios.
La falta de apoyo legislativo al presupuesto que redactó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, motivó el cambio en el orden del día.
Ya en el debate de Comunicación, asambleístas como Wilma Andrade, integrante de la Izquierda Democrática, destacaron que las medidas son esperadas por periodistas y medios de comunicación que quieren cumplir con su labor sin temor a demandas o acciones de funcionarios públicos que quieren ocultar irregularidades o escudarse en la ley para no rendir cuentas a la ciudadanía. “La norma vigente controló y limitó el periodismo de investigación”, resaltó.
“Se registran 263 procesos penales y administrativos contra periodistas y medios con la ley. La normativa protegía al Estado y no a los ciudadanos”, insistió.
Los defensores de las reformas destacaron la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y de la figura de linchamiento mediático.
DATOS
Producción El artículo 92 se modificará. Se trata del tema de producción audiovisual.
Derogatoria Varios legisladores de la oposición consideran que la ley debe derogarse totalmente.