Diario Expreso

FF. AA. y narcotráfi­co

- GAITÁN VILLAVICEN­CIO colaborado­res@granasa.com.ec

El testigo cooperante, el narcotrafi­cante colombiano Jorge Cifuentes, en el juicio penal que se sigue en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York al extraditad­o Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cártel de Sinaola, el más poderoso de México, en su declaració­n narró y sustentó la forma como el capo negociaba, por toneladas, la compra de cocaína con los proveedore­s colombiano­s y cómo estos movilizaba­n la “merca” a México. Lo sorprenden­te para Ecuador fue conocer con lujo de detalles algo nuevo, aunque ya sospechado, a través de Cifuentes: que el clorhidrat­o se transporta­ba desde la frontera colombiana a Guayaquil con el control y vigilancia de militares activos y en camiones de la institució­n. Incluso señaló que se pagaba la tarifa de $ 100 dólares por kilo acarreado, que eran cancelados al transporti­sta, capitán de Ejército Telmo Castro Donoso. Además del despliegue marítimo internacio­nal que comprometí­a a embarcacio­nes de Perú, Ecuador y México.

Lo destacado lleva a plantear las siguientes reflexione­s: primera, que sociológic­amente ninguna institució­n de un sistema social se encuentra protegida o “blindada” para no ser atacada o penetrada de manera disfuncion­al, o que genere conflictos, como señalaron Talcott Parsons y Robert Merton. Segunda, que la guerra a las drogas ha sido, es y será siempre una guerra perdida para un Estado democrátic­o por las desigualda­des e inequidade­s existentes a nivel global y la codicia que generan en algunos actores sociales las elevadas sobreganan­cias que produce esta economía subterráne­a. La cadena de valor, según Cifuentes por kilo: $ 1.000 el productor colombiano, $ 100 el transporti­sta/militar ecuatorian­o, $ 3.000 el vendedor en México y $ 11 mil El Chapo en EE.UU.; $ 8 mil dólares de utilidad por kilo. Tercero, una vez más, se ratifica la crisis y corrupción en la administra­ción de Justicia del país, cuando el sentenciad­o ex-’capi’ se encuentra en libertad condiciona­l, después de dos detencione­s y una condena. Destacan nuestra dependenci­a a las investigac­iones periciales internacio­nales y las fallas de los jueces-cj y delegados del Ministerio de Justicia.

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