Almagro aplica la carta de la OEA a Nicaragua
El proceso que podría derivar en la suspensión se inicia con el apoyo de cinco países ❚ La represión ha dejado 325 muertos
El secretario general de la OEA afirmó ayer que contempla aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, mecanismo que puede implicar su suspensión del organismo, tras la denuncia de la CIDH de que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.
“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, dijo Luis Almagro en Washington, pues “la lógica de la dictadura está definitivamente instalada” en Nicaragua.
El secretario general se expresó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
LA FRASE Muchos estamos pensando en la aplicación... Estamos hablando de terrorismo de Estado. PAULA BERTO, embajadora argentina ante la OEA
El artículo 20 de la carta faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar un Consejo Permanente para evaluar la situación. Si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios (24) de los integrantes.
En la sesión de ayer, cinco Estados miembros (Argentina, Colombia, Chile, EE. UU. y Perú) se mostraron a favor de evaluar la situación en Nicaragua mediante la Carta Democrática, una opción que también respaldó la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.
Una ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social que derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, generó una dura represión que según la CIDH ha dejado 325 muertos y 400 detenidos.
Para investigar las denuncias, la CIDH formó un grupo, el GIEI, que se desplazó al país, pero fue expulsado por el Gobierno el 19 de diciembre.
En Washington, el GIEI denunció en su informe, el 21 de diciembre, que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.
Nicaragua “rechaza y desconoce la presentación del informe”, dijo el representante de Managua, Luis Alvarado. “Nicaragua es un país soberano y exigimos respeto”, agregó.
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