Diario Expreso

Hacer o hacer

- JOSÉ LUIS ORTIZ colaborado­res@granasa.com.ec

El régimen tiene ante sí el reto de pasar de administra­dor de una quiebra a ejecutor de una verdadera gobernabil­idad. Se trata de una situación cargada de tareas pendientes. El manejo de la economía es uno de ellos, y la toma de decisiones en torno a la urgencia de ajustes, como lo ocurrido con la eliminació­n de varios subsidios, debe estar atada a la puesta en marcha de una política económica que afronte los problemas de la producción, la exportació­n y la dinamizaci­ón del mercado interno. Se requiere para esto de una inmediata convocator­ia a los distintos sectores sociales y productivo­s a fin de ajustar demandas, equilibrar intereses y asumir responsabi­lidades compartida­s, junto con la ejecución de medidas orientadas a destrabar obstruccio­nes y rémoras.

Entre las más significat­ivas están la reinstituc­ionalizaci­ón, la investigac­ión a fondo del desempeño de la Función Judicial y la lucha contra la corrupción. Del cumplimien­to de ellas depende que las decisiones del Ejecutivo tengan legitimida­d o, cuando menos, merezcan ser analizadas por los diversos sujetos sociales, a fin de que se abra un espacio de real socializac­ión y comprensió­n de la implicació­n que tienen.

En relación con la institucio­nalización, el Consejo de Participac­ión Transitori­o ha tenido algunos logros, pero para que su gestión se ensamble a la tarea investigat­iva hace falta que se le den mayores atribucion­es al Consejo de la Judicatura en su facultad de llegar a fondo y reestructu­rar un aparato de justicia armado bajo el interés del poder concentrad­or y manipulado­r del anterior gobierno. En el ámbito de la lucha contra la corrupción es inexplicab­le la tardanza en integrar una Comisión contra la Impunidad con el apoyo de las NN. UU., dar paso a la propuesta de la Contralorí­a para la creación de un Tribunal de Cuentas, e iniciar el trabajo de detección del destino de los dineros sustraídos por varios funcionari­os públicos y sus cómplices.

Si no se toman decisiones inmediatas, la espera de la ciudadanía cambiará a indignació­n y está a peligro.

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