Tras la reincorporación de peritos
Las autoridades analizan alternativas para el reintegro de 74 funcionarios al Sistema de Medicina Legal ❚ Algunos tenían contratos mayores a un año
El retraso en diligencias judiciales por falta de peritajes se solucionaría con la reincorporación de 74 funcionarios del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses cesados esta semana.
Ellos hicieron un plantón en los exteriores del Departamento de Medicina Legal en el norte de Quito. Su protesta motivó a que autoridades de los ministerios del Interior y Trabajo y de la Fiscalía coordinen la recuperación de las partidas que se suprimieron. La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó como un grave error de gestión del Sistema de Medicina Legal, que debió haber previsto contrataciones.
Pero las gestiones para evitar esa situación no faltaron, informó la directora del Sistema de Medicina Legal, Paula Vernimmen, y se hicieron desde diciembre de 2017.
En un documento de 11 páginas se resumen las reuniones mantenidas con las autoridades involucradas en el tema, las exposiciones y las recomendaciones para el fortalecimiento institucional del sistema.
Con el problema expuesto surgieron las alternativas. Romo expresó que aunque el sistema es autónomo hay un directorio compuesto por varias entidades. Expuso que la solución será dictar una excepcionalidad para poder recuperar estas partidas a través de la creación de concursos para su reincorporación.
Los desvinculados tenían contratos de más de un año y salieron por al menos dos razones: la falta de apertura de concursos y el decreto de austeridad, señaló Vernimmen.
Según Romo, la decisión de austeridad del Gobierno es que se mantienen los contratos definitivos, que son funcionarios de carrera, y se cortan las partidas para los contratos ocasionales, que tendrán que renovarse en escalas salariales inferiores.
En el Departamento de Medicina Legal de la Policía las cosas están en calma. Su principal y director nacional de la Policía Judicial, Enrique Espinosa de los Monteros, anunció que los 926 peritos policiales de todo el país garantizarán la prestación de los servicios que requieran las instituciones como la Fiscalía. Anualmente los peritos policiales elaboran entre 50 y 60.000 informes en los distintos casos.
Espinosa recordó que la Policía tiene 75 años y “deberían nutrirse de nuestro conocimiento y experiencia, y en el caso de que haya un inconveniente como el registrado, la obligación es intervenir y actuar”, destacó. Admitió que la contratación de nuevo personal retrasaría las tareas.
Pero el sistema, que ya tiene al menos tres años de vigencia y funciona en Criminalística de la Policía, no solo tiene el problema de la supresión de las 74 partidas: 61 peritos y 13 funcionarios administrativos.
Los inconvenientes también se habrían presentado en los equipos por la falta de mantenimiento. Ese problema retrasaría los casos de la Fiscalía porque más de 400 pedidos se quedarían sin ejecución. La Fiscalía aclaró que los desvinculados no son funcionarios de esta institución.
LA FRASE Allí hay un problema de gestión de talento humano del Servicio de Medicina General. PARA SABER