Los 360° del Cpccs
EDITORIAL
Tal era la voluntad de cambio y distanciamiento respecto de los malos hábitos correístas que el impulso del nuevo Ejecutivo está llevando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) a un punto similar al de partida. El giro pasó la zona de contraste, los 180°, y alcanzó la vuelta completa, los 360°.
Arrinconada la propuesta de eliminar al ente que elige a las autoridades de control para que la selección del fiscal, el contralor y los demás altos cargos pase a manos de la Asamblea, el Cpccs comienza ahora la fase de campaña y promoción de sus candidatos.
La lista es tan larga que resulta en un incomprensible caleidoscopio para los futuros votantes. Ni se han familiarizado con los rostros, salvo alguna excep- ción ya popularizada, ni con las propuestas de cada uno. Los breves ‘spots’ que han comenzado a difundirse no abonan, en realidad, para el fin que tenían marcado como declaratoria de intenciones de su eventual rol en el Consejo de Participación Social. ¿Qué sentido tiene entonces un órgano que, conceptualmente, es la voz del pueblo si ni el pueblo tiene claro quién y qué se va decidir en su nombre?
En el fondo, eso coloca al futuro Cpccs en el mismo punto de donde se lo quería extraer: de ser un órgano cuyas decisiones puedan verse aderezadas de un halo de descrédito o de intereses cruzados. La misión que le fue encomendada en el anterior régimen, que fue a su vez su creador, es demasiado importante como para aceptar sus decisiones con una venda en los ojos.
La misión que le fue encomendada en el régimen anterior al Consejo de Participación Ciudadana es demasiado importante como para aceptar sus decisiones con una venda en los ojos o sin tener claro el nombre y el propósito de quienes se postulan’.
El futuro fiscal general y, por tanto, el destino de la depuración de corrupciones pasadas y, sobre todo, futuras, dependerá de quien reciba el encargo del Cpccs. Lo mismo para el contralor general que debe garantizar que el dinero público, recaudado de los ciudadanos y del tejido productivo nacional, no sea desperdiciado ni mal utilizado persiguiendo fines distintos al progreso del país. Y así con todas las autoridades y funciones que serán designadas por el Consejo.
Por eso, ante el riesgo de volver a tropezar con la misma montaña -lo del régimen anterior no fue una piedra en el camino-, es inevitable mirar afuera y reconsiderar que la opción más deseable es devolver esa responsabilidad a los legisladores, quienes tras cuatro años, reciben la reválida o la reprobación de los ciudadanos.