Pasos en falso

EDITORIAL

Popularmente conocidos como “meteduras de pata” tales eventos se han tornado comunes recientemente. Ocurrió con los combustibles, en el tratamiento de las conversaciones con el FMI, y, en estos días, con la resolución sobre el cobro de las tasas de interés en las tarjetas de crédito que, luego de ser tomada por la Junta de Regulación Monetaria fue revertida por el ente político.

La Junta adoptó la resolución de fijar los cobros de intereses desde el momento en que se produce el consumo y no acumulando el saldo durante el período de facturación. En un medio presto a condenar cualquier decisión que aparenta favorecer los intereses de la banca, el momento coincidió, infelizmente, con los reportes de utilidades del siste- ma financiero y fue tomado como una parcialización a favor de los banqueros y en contra de los usuarios que enfrentan situaciones de tirantez económica.

Los créditos otorgados bajo la modalidad del “dinero plástico” tienen, como cualquier crédito, una prima de riesgo por morosidad o no pago. Cuando esto sucede, los bancos pierden plata pues deben reversar los intereses devengados y hacer provisiones de capital. En las condiciones actuales del mercado, la elevación de los costos tiende a restringir el uso de las tarjetas como instrumento de pago.

El Índice de Libertad Económica ubica al Ecuador en el puesto 170, de entre 180 países por, entre otros factores, la represión de los mecanismos de mercado. En el ámbito financiero, el “dirigismo” se manifiesta

En las condiciones actuales del mercado, la elevación de los costos tiende a restringir el uso de las tarjetas como instrumento de pago”.

en el manejo que el Banco Central hace de la estructura de las tasas de interés, práctica que distorsiona el uso de los recursos. Al expedir una sola medida de cumplimiento para todos los emisores se coarta la competencia que es, precisamente, lo que resuelve el problema de eficiencia económica. Las instituciones que gozan de plena salud en sus finanzas no tienen la necesidad de revisar las condiciones vigentes, por lo que el ajuste protege a los emisores menos eficientes, y afecta los intereses de los usuarios.

Se dio marcha atrás, pero el costo político debió ser asumido y el daño moral afectó a un sector de la economía. Es una lección que pone en evidencia que las decisiones de política económica deben ser oportunas y congruentes en la forma y el fondo.