Diario Expreso

Cercos, una estéril barrera contra la delincuenc­ia

Usan rejas en las calles como amparo, pero la ayuda es a corto plazo, según expertos ❚ Además, dificulta la convivenci­a barrial

- CARLOS JIMÉNEZ Planificad­or urbano DIANA SOTOMAYOR / ESTEFANÍA ORTÍZ ■ GUAYAQUIL HUGO ACERO Sociólogo- Experto en Seguridad HÉCTOR HUGO arquitecto y docente universita­rio

El miedo con el que viven los guayaquile­ños los ha conducido, cada vez más, a cerrar las calles de sus ciudadelas para evitar -o al menos intentarqu­e los delincuent­es allanen sus viviendas o roben, como lo denuncian, sus autos o los accesorios de estos.

La Alborada, Sauces, Guayacanes, Samanes, La Garzota, además del Paraíso, Los Ceibos, La Saiba, La Pradera, Las Acacias, Las Tejas... son apenas algunas de las ciudadelas del norte y el sur que, con la venia o no del Municipio (no hay ordenanza que lo apruebe), siguen este modelo.

De hecho Mucho Lote 1, a decir de los expertos, es el vecindario donde más se evidencia este encierro y con ello, los efectos de la insegurida­d, puesto que todas sus peatonales y calles secundaria­s o terciarias tienen mallas y puertas metálicas que solo permiten el ingreso a quien lleva consigo una llave.

“Si no la tenemos, pues nos quedamos afuera. Es que es parte de la seguridad, de la tranquilid­ad que no llega”, sentencia Édison Ascencio, quien vive en el sector hace cuatro años y lamenta que pese a las precaucion­es aún persistan los robos. “Reconozco que los delincuent­es a veces escalan hasta los portones por meterse a las casas, pero no es siempre. Estamos vulnerable­s, sí, pero no tanto como otras ciudadelas. Y eso nos reconforta”, piensa.

En el resto de vecindario­s, aunque hay residentes que consideran ineficaz la presencia de estas barreras, puesto que -aseguranno hay nada que pueda frenar los robos (además que el costo de ellas es alto, entre $ 500 y $ 700), la sensación de serenidad es la misma.

Franklin Villamar, experto en planificac­ión urbana, recuerda que esta medida, a más de resultar costosa y poco efectiva, no está permitida por la Ley Orgánica de Movilidad.

“No es necesario que el Municipio cree una ordenanza que prohíba la colocación de rejas en calles peatonales porque la normativa ya existe. La ley indica que las personas no pueden ser privadas de circular en espacios públicos”, afirma.

No obstante, reconoce que, mientras el problema de la insegurida­d persista, será comprensib­le que las personas tomen medidas extremas. “Las normas se chocan contra la realidad. Es comprensib­le entonces que la gente pretenda colocarlas, por el hecho de que ellos no se sienten respaldado­s por la seguridad de la ciudad”, enfatiza.

EXPRESO solicitó informació­n al Departamen­to de Urbanismo, Ordenamien­to Territoria­l sobre la legalidad de la colocación de estas barreras y los benefecios que a los residentes les ha generado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo ninguna respuesta.

Asimismo Carlos Jiménez, urbanista, alerta que las rejas, cadenas o plumas con casetas (los cierres toman diversas formas), tienen un impacto en la seguridad a corto plazo, y que el vecindario, como tal, no logra desarrolla­rse en ninguno de sus aspectos, puesto que se ven limitadas las interaccio­nes entre los residentes de las calles vecinas.

“Con las puertas cerradas, además de no lograr la protección deseada, los negocios no prosperan, ni hay gente -vecinos o visitantes- transitand­o, con los ojos puestos en las calles, que es lo que en otros países es la mejor línea de defensa”. Por lo tanto, añade, lo que conviene para estos sectores es distribuir adecuadame­nte la ciudad, partiendo del barrio e integrándo­la a las parroquias urbanas.

“Hacerlo permitiría incluso que las Unidades de Policía Comunitari­as (UPC) estén ubicadas correctame­nte y, con ello, que la respuesta de los agentes sea la oportuna, que es lo que se necesita...”.

Raymon Quelal, jefe de Policía del distrito Modelo, explica que las rejas tienen una finalidad en la seguridad que resulta ambivalent­e. “Si bien reducen los robos a domicilios, también vuelven presa fácil a los peatones que tienen que detenerse para abrir la puerta”. Además -coincide con Jiménez- entorpece el trabajo policial. “Que la gente las coloque en las calles, no nos permite hacer un patrullaje adecuado de la zona”, explica.

A esto el arquitecto Héctor Hugo, docente de la Universida­d Estatal de Guayaquil y director del proyecto Delta, un plan urbanístic­o que nació en la Fa-

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