El segundo proceso contra Jorge Glas es por peculado
La formulación de cargos contra 11 exfuncionarios es por el caso Singue
El exvicepresidente Jorge Glas, quien purga una condena de seis años por asociación ilícita, afrontará un segundo proceso penal. Cerca del mediodía de ayer, la sala penal de la Corte Nacional de Justicia sorteó el pedido de formulación de cargos enviado por la fiscal general encargada Ruth Palacios.
Glas, preso desde octubre del 2017, es uno de los once mencionados en el pedido fiscal. En esta ocasión las sospechas de presuntas irregularidades se dan por el caso Singue, que es el nombre de un campo petrolero ubicado en el Oriente.
Los señalados son el exvicepresidente, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli (Hidrocarburos) y Wilson Pástor (Recursos Naturales No Renovables) y los funcionarios María Lorena Espinoza, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Herrera, René De Mora, Aníbal Cazar y Gustavo Donoso. El supuesto delito cometido: peculado.
La investigación previa en este caso empezó tras el envío, el 1 de agosto de 2017, del informe de un examen especial de la Contraloría que examinó los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato de prestación de servicios de exploración en el bloque Singue.
El contrato fue suscrito entre el Estado y el consorcio integrado por Dygoil y Gente Oil. Un informe de auditoría determinó indicios de responsabilidad y enumeró presuntas irregularidades legales, administrativas y económicas. Entre otras cosas, el documento observó que el consorcio incumplió con lo solicitado en las bases de licitación en cuanto a la presentación de la información de la capacidad operativa entre 2006 y 2010.
Los auditores establecieron que un equipo recomendó aprobar la negociación sin contar con el análisis de informes y certificaciones de las fuentes de financiamiento del proyecto.
El presunto perjuicio económico al Estado, mencionado
LA PRUEBA
por la Contraloría, es de 5,2 millones de dólares.
El expediente de la investigación previa tiene más de 187 carpetas en las que se recogen diligencias, versiones y peritajes. Una de las primeras personas en dar una versión en el caso fue Silvana Pástor, vicepresidenta de Gente Oil.
Hace pocos días ella explicó a EXPRESO que se ha demostrado que el informe de Contraloría no tiene sustento técnico ni legal. Ella aclara que se trata de un contrato legítimamente establecido en una licitación y no en régimen especial.
Según Pástor, como descargos presentó en la Contraloría informes de expertos internacionales en materia petrolera que, sostiene, demuestran que el reporte de Contraloría no tiene sustento. Ella consideró que sobre el caso existe mucha presión. El expresidente Rafael Correa también fue convocado a dar versión en esta investigación. Lo hizo en marzo de 2018 mediante videoconferencia.
Ese mes, el contralor Pablo Celi pidió al entonces fiscal Carlos Baca incluir a Correa en la investigación. En el informe de Contraloría se mencionan los nombres de unas 29 personas como posibles responsables de la licitación.