Derechos humanos y no intervención
Es un axioma universal que los derechos humanos pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Cualquier gobierno debe garantizar a sus gobernados esos derechos, fruto de siglos de lucha de la humanidad.
El recordado expresidente Jaime Roldós, para conmemorar los 150 años de la primera Constitución del Ecuador como Estado independiente, invitó a los gobernantes de los países andinos a suscribir una Carta de Conducta, en la cual se convino que el principio de no intervención no puede impedir la solidaridad internacional cuando hay violación de los derechos humanos.
Es verdad que esa declaración fue hecha en respuesta a las dictaduras militares represivas que existieron en el Cono Sur en los años 70 del siglo pasado, pero esa misma actitud debe tenerse ante cualquier gobierno totalitario que agreda, reprima, encarcele y hasta asesine a quienes no comparten sus ideas políticas. Los medios audiovisuales de comunicación nos convierten en testigos de tragedias como las del pueblo venezolano, que padece hambre, carece de medicinas, de empleo, sufre una inflación escandalosa, decrece económicamente, privado de libertad, violándose impunemente sus derechos, obligándolos a una estampida migratoria inédita en América Latina. El mundo no puede hacerse de la “vista gorda” ante tan dura realidad. Venezuela suscribió la Carta de Conducta de 1980, cuyos criterios fueron posteriormente incorporados por Naciones Unidas en la Declaración de Viena de 1993, al igual que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que incluye la responsabilidad penal sin considerar fronteras en crímenes de lesa humanidad.
Estoy de acuerdo en que una intervención militar extranjera puede agravar el problema, pero ningún país puede ser indiferente ante una crisis que demanda ayuda humanitaria que podría canalizarse a través de organismos como la Cruz Roja. Es un imperativo que se realicen nuevas elecciones presidenciales para recuperar la ruta de la democracia, como lo ha propuesto el denominado grupo de países de Contacto reunido en Montevideo. Lo inaceptable es permitir que se siga destrozando al pueblo venezolano.
Es un axioma universal que los derechos humanos pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Cualquier gobierno debe garantizar a sus gobernados esos derechos, fruto de siglos de lucha’.