Monopolio inmobiliario

El pasado 7 de febrero el asambleísta Franco Romero (ahora independiente), con el apoyo de legisladores de disímiles bancadas (morenistas, CREO, PSC), presentó un proyecto de ley para crear una nueva absurda imposición al libre comercio. El objetivo es ahora el negocio inmobiliario, al que pretende someter a un sistema de contratación obligatoria de intermediarios.

Pese a que pretexta que la Ley de los Corredores de Bienes Raíces data de julio de 1984 y que por ende sus normas “deben ser actualizadas y adecuadas a las nuevas exigencias y visión del Estado constitucional de derechos y de justicia”, es decir a la Constitución correísta de Montecristi, el proyecto pasa, primero, incoherentemente, a copiar casi toda la vieja ley al punto que, en pleno siglo XXI, mantiene la antigualla del decimonónico Código de Comercio que obliga a los corredores a rendir “ante el respectivo Juez de lo Civil, juramento de desempeñar fiel y legalmente el cargo” (art. 8, d); para luego, ya en su art. 23, plantear medio escondido entre una larguísima y enredada redacción, el chascarrillo aquel de la contratación obligatoria.

Por acaso, ese art. 23 no se refiere a los casos en que, si se desea contratar a un corredor, deba elegirse de entre quienes cuenten con una licencia otorgada por una asociación integrada por ellos mismos (asunto que puede ser opinable pero que ya está tratado en el art. 8, b). El art. 23 se refiere a cosa distinta: obligaría a que todo promotor inmobiliario contrate siempre, para poder vender o alquilar sus inmuebles, a esa clase de intermediarios profesionales.

Obligar a usar corredores viola la libertad de contratación, pues impide decidir si se contrata o no a alguien. Viola también la libertad de los promotores inmobiliarios de organizar sus empresas, impidiéndoles vender o alquilar directamente, con sus departamentos de ventas, sin intermediarios. Hasta la Constitución de Montecristi, invocada como paraguas del proyecto, protege ambas libertades (art. 66, 15º y 16º), hoy en riesgo de ser pisoteadas con la creación de este nuevo monopolio.

OPINIÓN INTERNACIONAL Obligar a usar corredores viola la libertad de contratación, pues impide decidir si se contrata o no a alguien. Viola también la libertad de los promotores inmobiliarios de organizar sus empresas...’.