Lucha contra la corrupción es la deuda de Participación
Los candidatos ven en la falta de fiscalización una opción para sus campañas ❚ Analistas consideran que el CPCCS también perdió credibilidad en este tema
Esta vendría siendo la quinta oportunidad. Una de las tareas que tiene pendiente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), desde su creación, es la lucha contra la corrupción que está establecida como una de sus funciones en la Constitución.
Los candidatos lo saben. No hay cuña publicitaria de los aspirantes a conformar el CPCCS, desde el 14 de mayo próximo, en la que no mencionen este detalle. Algunos ofrecen recuperar el dinero desviado en la última década, otros fiscalizar a las actuales autoridades gubernamentales.
El Consejo de Participación lo que ha hecho es interferir en atribuciones de otras entidades de control.
Pero los antecedentes no son los mejores. En 2009 se formó el primer Consejo transitorio que recibió los bienes y casos de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. La transición duró ocho meses y apenas alcanzó el tiempo para crear la Ley Orgánica y el reglamento para el funcionamiento del organismo, pero no para analizar los casos heredados. Primera oportunidad perdida.
De ahí en más, los cuestionamientos han sido los mismos. Tanto al CPCCS que asumió en 2010 como al que le reemplazó en 2015 se los acusó de tener una mayoría alineada al anterior gobierno. Eso vino acompañado de la percepción de que los casos grandes de corrupción no encontraban eco en esta instancia.
En 2017, la entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, le dijo a EXPRESO que la entidad a su cargo venía investigando el caso Odebrecht desde hace un año. Esto para desmentir que se haya pretendido ocultar la corrupción. Sin embargo, desde esa entidad nunca salió una denuncia sobre la trama de sobornos.
Para el integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Ramiro Román, esa no sería la única omisión que ha tenido el CPCCS en una década de existencia. Señala que también ha errado en la designación de las autoridades de control que deberían ser las llamadas a luchar contra la corrupción.
Menciona dos casos: el de excontralor Carlos Pólit que obtuvo la nota perfecta en el concurso para ocupar el cargo y actualmente se encuentra prófugo en Miami.
Sobre Pólit pesa una sentencia de seis años de prisión por el delito de concusión. Se lo acusa de haber conseguido que Odebrecht le entregue $ 10,1 millones a cambio de eliminar glosas y entregar informes favorables para la empresa brasileña.
El segundo, el del exfiscal Carlos Baca Mancheno que fue destituido por la Asamblea a raíz de la difusión de unos audios de una conversación entre Pólit y José Serrano, que ocupaba la presidencia de la Asamblea.
Román tampoco cree que el actual Consejo transitorio ha hecho una tarea completa para luchar contra la corrupción y duda que el nuevo organismo, que va a ser elegido por voto popular el 24 de marzo, logre cambiar el rumbo del control social.
En esta misma línea se pronunció el jurista y académico Gustavo Medina que es partidario de la eliminación del CPCCS para que sean otras instancias las que se encarguen de la lucha contra la corrupción.