Los ciudadanos, en contra de acudir a corredores de forma obligatoria
Expertos societarios alegan que la propuesta es inconstitucional
La idea de que ahora todas las inmobiliarias tengan que contratar un corredor de bienes raíces para gestionar la venta y el alquiler de sus inmuebles, no convence al ciudadano. Teme que esta propuesta signifique una traba más en los trámites, y que esta intermediación, que hoy es opcional, termine por encarecer el costo de la vivienda y otros bienes.
Así lo han expresado en la encuesta que, sobre este tema, EXPRESO realizó en las redes sociales (ver subnota). En ello también coinciden ciertos analistas jurídicos que califican de “inconstitucional” lo que se propone en el artículo 23 del proyecto de ley que el pasado 7 de febrero fue presentado en la Asamblea Nacional, con el fin de actualizar la Ley de Corredores de Bienes Raíces, vigente desde 1984. “Es inconstitucional porque la Constitución garantiza la libre contratación. Esto afectaría la libertad de vender a quien se quiera”, dijo José Javier Jarrín, abogado societario. Adicional a ello, coincide con el gremio de inmobiliarias en creer que una contratación obligatoria generará un alza en el costo de las viviendas.
Isabel Wagner, presidenta de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, desestimó el lunes pasado estos cuestionamientos, alegando que la obligatoriedad siempre ha estado presente dentro de la ley. El problema, dijo, es que no se lo cumple. Citó el artículo 13 de la actual ley que dice que, “en el caso de las personas jurídicas constituidas con el objeto de dedicarse al corretaje de bienes raíces, el gerente o representante legal será necesariamente un corredor profesional de bienes raíces”.
Sin embargo, juristas y abogados societarios como Jarrín, rechazan este argumento. “Allí se habla de otra cosa: de empresas corredoras, y eso no tiene nada que ver con las empresas promotoras, constructoras”. La propuesta que se promueve, aclara Jarrín, apunta a las personas jurídicas o empresas que desarrollan proyectos inmobiliarios, incluyendo las constructoras.