Riesgo latente
EDITORIAL
Adiferencia de las 5S herramientas básicas de mejora de la calidady de las 3R de la eficiencia -reducir, reciclar y reutilizar- aplicadas en la administración moderna para incrementar la productividad y optimizar el uso de recursos, en el proceso para obtener el permiso de funcionamiento expedido por el Cuerpo de Bomberos y la patente municipal en nuestra ciudad se ha instaurado la secuencia de las 3P para todas aquellas edificaciones que no reúnen los requisitos para ser consideradas seguras: promesa de cambios, prórroga y pago de multa.
Porque fueron construidos hace varias décadas, sujetos a ordenanzas distintas a las vigentes; por falta de espacio debido a la proximidad de construcciones contiguas; por tener estructuras que no permiten reformas; o por falta de presupuesto, más de 2.400 edificios antiguos operan en Guayaquil sin tener sus papeles en regla. Ante el impedimento de cumplir lo exigido por los bomberos y los municipales, estas edificaciones reeditan año a año un círculo vicioso que se perenniza en el tiempo y que no disminuye ni elimina los riesgos de que ocurra una tragedia en caso de incendio. La gestión y el esfuerzo desplegados por el Cuerpo de Bomberos dan paso así a la constitución de un sistema recaudatorio que, paradójicamente, sirve para proveer a la institución de los recursos que le permitirán aplacar los incendios que se producen en los mismos inmuebles que proporcionaron esos fondos a través del pago de las multas con las que se los sancionó por tener muchas o todas las condiciones propicias
Ante el impedimento de cumplir lo exigido por los bomberos y los municipales, estas edificaciones reeditan año a año un círculo vicioso que se perenniza en el tiempo y que no disminuye ni elimina los riegos’.
para que se genere un flagelo.
Las instituciones responsables de la seguridad y la ciudadanía deben trabajar coordinadamente para encontrar una solución viable y planificada, que se inicie con una fase de censo, evaluación y diagnóstico, seguida por otra de elaboración de informes y exigencia de mejoras y/o remodelaciones, una posterior de ejecución, y una etapa final de fiscalización para comprobar que las adecuaciones se ajustan a lo requerido para emitir un certificado de idoneidad. El Municipio debería proporcionar facilidades para que esas adecuaciones puedan llevarse a cabo, ya sea vía financiamiento o exoneración de impuestos, y en casos extremos, incluso ordenar la demolición, pues son edificaciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Prorrogar y multar mantiene el riesgo latente.