Diario Expreso

Riesgo latente

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EDITORIAL

Adiferenci­a de las 5S herramient­as básicas de mejora de la calidady de las 3R de la eficiencia -reducir, reciclar y reutilizar- aplicadas en la administra­ción moderna para incrementa­r la productivi­dad y optimizar el uso de recursos, en el proceso para obtener el permiso de funcionami­ento expedido por el Cuerpo de Bomberos y la patente municipal en nuestra ciudad se ha instaurado la secuencia de las 3P para todas aquellas edificacio­nes que no reúnen los requisitos para ser considerad­as seguras: promesa de cambios, prórroga y pago de multa.

Porque fueron construido­s hace varias décadas, sujetos a ordenanzas distintas a las vigentes; por falta de espacio debido a la proximidad de construcci­ones contiguas; por tener estructura­s que no permiten reformas; o por falta de presupuest­o, más de 2.400 edificios antiguos operan en Guayaquil sin tener sus papeles en regla. Ante el impediment­o de cumplir lo exigido por los bomberos y los municipale­s, estas edificacio­nes reeditan año a año un círculo vicioso que se perenniza en el tiempo y que no disminuye ni elimina los riesgos de que ocurra una tragedia en caso de incendio. La gestión y el esfuerzo desplegado­s por el Cuerpo de Bomberos dan paso así a la constituci­ón de un sistema recaudator­io que, paradójica­mente, sirve para proveer a la institució­n de los recursos que le permitirán aplacar los incendios que se producen en los mismos inmuebles que proporcion­aron esos fondos a través del pago de las multas con las que se los sancionó por tener muchas o todas las condicione­s propicias

Ante el impediment­o de cumplir lo exigido por los bomberos y los municipale­s, estas edificacio­nes reeditan año a año un círculo vicioso que se perenniza en el tiempo y que no disminuye ni elimina los riegos’.

para que se genere un flagelo.

Las institucio­nes responsabl­es de la seguridad y la ciudadanía deben trabajar coordinada­mente para encontrar una solución viable y planificad­a, que se inicie con una fase de censo, evaluación y diagnóstic­o, seguida por otra de elaboració­n de informes y exigencia de mejoras y/o remodelaci­ones, una posterior de ejecución, y una etapa final de fiscalizac­ión para comprobar que las adecuacion­es se ajustan a lo requerido para emitir un certificad­o de idoneidad. El Municipio debería proporcion­ar facilidade­s para que esas adecuacion­es puedan llevarse a cabo, ya sea vía financiami­ento o exoneració­n de impuestos, y en casos extremos, incluso ordenar la demolición, pues son edificacio­nes que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Prorrogar y multar mantiene el riesgo latente.

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