La mesa de perseguidos espera apoyo de la Judicatura
Los resultados de siete meses de investigación se presentaron ayer
En el Gobierno del expresidente Rafael Correa, actualmente fugado en Bélgica por el caso del secuestro del político Fernando Balda, existió persecución política.
Esa fue una de las conclusiones que recoge el informe final de la mesa de perseguidos políticos que se presentó en Quito.
Al evento, cumplido en la Universidad Andina, asistieron unas 150 personas. Escucharon más de dos horas de exposiciones de casos, testimonios, conclusiones y recomendaciones.
El trabajo tomó casi siete meses. Fue impulsado por el Consejo de la Judicatura transitorio, de la mano de la exvocal Angélica Porras. La ausencia de los actuales miembros de la Judicatura fue resaltada por Paúl Jácome, presidente de la mesa. “Ya no vemos el mismo interés del Consejo, esa es una desventaja”, señaló. Una de las copias del informe fue remitida a ese organismo. También se enviarán informes a la Corte y a la Asamblea. La mesa decidió exigir al Consejo que investigue a los jueces y fiscales en procesos que ya iniciaron sus antecesores, con énfasis en 14 jueces y conjueces de la Corte Nacional.
También pedirán a la Asamblea reformas al Código Orgánico Integral Penal para la revisión de procesos y el análisis de las reglas sobre colaboración eficaz, porque creen que hubo sentencias sin conocer si era verdad o no lo que se decía. Además pedirán al Legislativo una comisión para que revise los procesos.
Habrá una segunda parte de análisis. En la primera parte fueron casi 300 que completaron la documentación. Las víctimas son casi 500 procesados en casos como 30S, los 10 de Luluncoto, entre otros.
LA CIFRA 495 JUECES y fiscales fueron señalados por sus actuaciones en casos como el 30S.