Hay otras conclusiones
El informe concluye que hay un deterioro en los centros regionales que están al límite de su capacidad.
Los centros provinciales tienen infraestructura deteriorada e inadecuada. En algunos se han iniciado ampliaciones encima de los baños, dice el informe.
El documento menciona también restricción de actividades productivas, educativas y deportivas, incremento de violencia y que se fomenta un ambiente favorable a la corrupción. de las cárceles es peor de lo que han denunciado los privados de la libertad y sus abogados.
Gabriela Hidalgo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, destacó que se visitaron los 26 centros de rehabilitación y los tres centros regionales. Entre los aspectos que contribuyeron a la crisis está el uso de la prisión, que en 2017 alcanzó una aplicación del 69,2 % frente al 30,8 % de las otras cuatro medidas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP): arresto domiciliario, detención, presentación periódica, prohibición de salida del país.
Entre 2009 y 2019 la población carcelaria pasó de 11.279 privados de la libertad a 38.602. Las cifras este año reflejan que el 66 % de la población penitenciaria (25.526 presos) tiene sentencia. Hay 34 % (13.076) de procesados.
Hidalgo señaló que en 19 centros hay quejas por malos tratos, en 16 se quejan por extorsiones, 31 no tienen personal suficiente, en 22 no se separa a sentenciados de procesados, en 24 centros no pueden acceder a un defensor público.
INFORME
EL DETALLE Cambios. Se recomienda gestionar en la Asamblea reformas para fortalecer la política anticriminal.
Por eso la recomendación urgente es la declaratoria de emergencia. Ernesto Pazmiño, director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, dijo a EXPRESO que ya alista el proyecto. Adelantó que esa es la primera alternativa porque permitirá agilizar procesos.