Diario Expreso

Una carga de $ 900 millones

La inspección a la gestión del Estado deja multas y glosas multimillo­narias ❚ El gobierno de Rafael Correa es el que más irregulari­dades dejó a su paso

- JAVIER MONTENEGRO FERNÁNDEZ montenegro­j@granasa.com.ec ■ QUITO

El correísmo dejó una factura difícil de cobrar. La corrupción que rodeó la gestión del expresiden­te Rafael Correa se puede contabiliz­ar, en parte, por los informes aprobados por la Contralorí­a General del Estado. Según la entidad, varias obras de la década pasada dejaron glosas y multas que se acercan a los 900 millones de dólares.

De ese monto, según un informe de actividade­s al que accedió EXPRESO, 814 millones de dólares correspond­en a sanciones económicas en contra de ciudadanos que afectaron a las finanzas del Estado. También se suman 28 millones de dólares en órdenes de reintegro a favor del país y 20 millones de dólares adicionale­s por sanciones administra­tivas en contra de servidores públicos.

¿A cuánto equivalen las multas? Si la Contralorí­a logra cobrar los valores mencionado­s se podría construir 172 escuelas del milenio o siete hospitales como el del Guasmo Sur.

El contralor general subrogante, Pablo Celi, destacó la labor de la entidad durante el año pasado. Explicó que, en total, se aprobaron 2.551 informes generales. En la cifra se incluyen los exámenes internos de cada entidad pública y los que aprobó la oficina central de la Contralorí­a. (ver cuadro)

En 2018, además, se aprobaron y enviaron a la Fiscalía 265 informes con indicios de responsabi­lidad penal. Uno de los destacados -y que incluye al expresiden­te de la Repúblicat­iene relación con el manejo del “endeudamie­nto interno y externo y la emisión de certificad­os de tesorería”.

En la lista están, además, la construcci­ón de escuelas, carreteras y hospitales que tuvieron sobrepreci­os. También hay informes en contra de gobiernos seccionale­s.

Otro de los procesos correístas que más informes generó es el de la reconstruc­ción de Esmeraldas y Manabí tras el terremoto de abril de 2016. La Vicepresid­encia de la República, en ese entonces en manos del sentenciad­o Jorge Glas, cometió varias irregulari­dades en el control y manejo de los recursos que debían llegar a los damnificad­os.

Guillermo Celi, asambleíst­a de SUMA, también tiene su mirada puesta en la reconstruc­ción. Él dijo a este Diario que iniciará una investigac­ión desde la Asamblea para establecer responsabi­lidades.

LA CIFRA 8 DIRECCIONE­S nacionales tiene la Contralorí­a para examinar el manejo de recursos públicos.

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