Freno legal a la consulta popular sobre minería
La decisión sobre la validez del referéndum irá a la Corte Constitucional
El triunfo conseguido por activistas y dirigentes indígenas hace apenas un mes, y que autorizó la próxima realización de la consulta popular sobre la explotación en la zona de Quimsacocha, se vino abajo ayer con un nuevo revés legal.
El pronunciamiento se dio en la capital cuando un juez de la Unidad de Medidas de Protección y Desestimaciones aceptó un pedido de medidas cautelares interpuesto por el colectivo ‘Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando’ en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la autoridad, la aprobación del referéndum por parte del CNE, y que debía llevarse a cabo en el cantón azuayo de Girón el próximo 24 de marzo, se hizo sin seguir el proceso legal correspondiente. El juez determinó que la consulta está suspendida hasta que la Corte Constitucional “emita un pronunciamiento expreso”.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería, dijo sentirse satisfecho con la resolución judicial. “La Corte será la que deba decidir si cabe o no realizar una consulta popular local sobre temas de interés nacional... Creemos sin duda que la resolución es prudente y la vemos como sumamente positiva”, estableció.
En febrero, otro juzgado desestimó un pedido de medidas cautelares interpuesto por el Ministerio de Minas, cuyo fin también era frenar la consulta. En su momento, el viceministro de la cartera estatal, Fernando Benalcázar, indicó que “el Estado perdería $ 700 millones tras esta consulta”. Activistas y dirigentes llevan más de una década luchando por la consulta.