¿Tráfico de influencias o espionaje?

El tráfico de influencias es un tipo de delito previsto en algunas legislaciones, que consiste en aprovecharse de una situación de privilegio para obtener un beneficio propio o para favorecer a otra persona. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su art. 285 lo tipifica como un delito castigado con penas privativas de libertad de 3 a 5 años, a los funcionarios públicos o autoridades de elección popular que quieran aprovecharse de su cargo para favorecer a terceros.

El COIP sanciona los delitos informáticos cometidos mediante el uso de tecnología para violentar la confidencialidad y la disponibilidad de datos personales. Estos actos cometidos a través de internet o telefonía son: fraude, robo, falsificaciones, suplantación de identidad, clonación de tarjetas de crédito y entre ellos, el espionaje, sancionados con la misma pena.

El escándalo causado por el audio de una conversación privada entre la presidente de la Asamblea y la ministra de Gobierno, sin consentimiento y de manera fraudulenta, ha sido catalogado como tráfico de influencia por quien hizo uso de esa grabación, y por las involucradas como espionaje. En atención a la normatividad legal y actuación cotidiana en la actividad política, el caso es de evidente espionaje. Ya se había denunciado un espionaje mediante la instalación de micrófono o cámara en el televisor en la oficina de un asambleísta.

No justifico el lenguaje, pero es parte de la jerga coloquial actual, que no debe ser entendido como insulto a sus destinatarios, sino como expresión inadecuada en un lenguaje vulgar. El que se haya querido proteger al titular de la Función Ejecutiva no es delito, como tampoco lo es el cabildeo como parte del accionar político como actividad esencial del diálogo parlamentario con el gobierno. Acaso los ahora acusadores, en la década pasada no hicieron lo mismo y de la manera más descarada.

No nos prestemos al maniqueísmo político partidista e ideológico sectario de quienes quieren desestabilizar al Gobierno y caotizar el país. Cuando ellos lo hacían, no era delito y ¿ahora, por qué habrá de serlo?