POR CIENTO
17 de las indonesias que contrajeron matrimonio en 2016 tenían menos de 18 años, según el último censo.
1974, establece un mínimo legal de 19 años para los varones y 16 para las mujeres, siempre que cuente con el permiso de los padres de ambas partes.
Sin embargo, la normativa prevé una excepción que evita el límite de edad en el caso de uniones por “creencias religiosas” y que debe contar con la aprobación de una instancia confesional.
En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó que se debe efectuar una revisión judicial de la ley de 1974 al considerar que discrimina contra los derechos de las mujeres.
La iniciativa, impulsada por una coalición de organizaciones garantes de los derechos de la mujer y los niños, deberá llevarse a cabo por el Parlamento, que decidirá la nueva edad mínima en un plazo máximo de tres años.
La semana pasada, Marianti viajó a la capital indonesia para reunirse con el presidente del país, Joko Widodo, como parte de las consultas que se realizan con la sociedad civil para reformar la legislación.
Junto a ella viajaba Juminarti, una voluntaria en Kepahiang de la Coalición de Mujeres de Indonesia (KPI), que aseguró que los padres casan a sus hijos menores para prevenir las relaciones antes del matrimonio o salvaguardar la reputación de las familias.
Juminarti, que como muchos indonesios tiene un solo nombre, asegura que la voluntad de los padres está respaldada por las oficinas religiosas y las administraciones locales que “llegan a falsificar los documentos” para legalizar las uniones.
Por su parte la directora de la Fundación para la Salud de la Mujer, Zumrotin K. Susilo, se muestra optimista acerca del cambio, aunque asegura que se opondrán algunos de los grupos políticos islámicos.
En su opinión, el mayor obstáculo será el punto referente a las excepciones a la minoría de edad en el matrimonio por razones religiosas, algo respaldado por las principales organizaciones islámicas, incluidas las moderadas.
Formaciones como el islámico Partido de la Prosperidad y la Justicia (PKS, en indonesio) también se oponen a una ley contra la violencia sexual que se trata en la Cámara de Representantes, argumentando que la iniciativa promueve el “sexo libre” al proponer la discriminalización del sexo fuera del matrimonio.