Diario Expreso

La cúpula correísta, al banquillo

Cuatro exmiembros del buró del movimiento recibieron pedido de prisión ❚ A la cabeza están Rafael Correa y Jorge Glas, implicados en ‘Sobornos 2012-2016’

- MARIETA CAMPAÑA VILLACÍS campanam@granasa.com.ec ■ QUITO DIANA SALAZAR fiscal general del Estado

Un depósito de 6.000 dólares en la cuenta personal del expresiden­te Rafael Correa figura en la docena de elementos que presentó la fiscal general Diana Salazar para pedir su vinculació­n como autor sospechoso de cohecho.

La solicitud se dio en la audiencia convocada para vincular a 22 personas al caso ‘Sobornos 2012-2016’ que investiga supuestos aportes ilegales de contratist­as del Estado a Alianza PAIS.

Ni bien se dio el primer receso de la diligencia que inició a las 09:00 en el octavo piso de la Corte Nacional, Fausto Jarrín, defensor de Correa, reiteró que fue un préstamo otorgado a su cliente y pagado en su totalidad.

En igual sentido Correa escribió en su cuenta Twitter: “tenía un recurrente sobregiro, y

pedí prestado $ 6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidenci­a (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $ 500 mensuales). ¡No sean ridículos!”.

La fiscal presentó la copia del depósito y la versión de Christian Rodríguez, quien confirmó el depósito por pedido de Laura Terán del dinero de las empresas aportantes a movimiento PAIS.

Pero ese que cuestiona Correa fue solo uno de los indicios que llevó a la Fiscalía a presumir su participac­ión en lo que denominó “una bien estructura­da organizaci­ón delictiva de funcionari­os públicos” y personas naturales y jurídicas vinculadas a la actividad empresaria­l.

E indicios le sobran a la fiscal. Están distribuid­os en más de 40.000 hojas que ya forman el expediente. Los primeros investigad­os fueron Pamela Martínez, exasesora de Correa y su exasistent­e Laura Terán. A ellos se sumaron Alexis Mera y la exministra María Duarte.

Fueron sus memorias, escritas en cuadernos y guardadas en archivos de computador­as, las que revelaron a la Fiscalía cómo funcionaba la red. De ellos la fiscal extrajo 15 elementos comunes a 22 sospechoso­s y otros individual­es para cada uno.

Los correos entre Martínez y Terán evidenciar­on como sospechoso­s de ser autores a Correa, el exvicepres­idente Jorge Glas, el exministro Walter Solís, el exsecretar­io de la Administra­ción Vinicio Alvarado y el exasesor Yamil Massuh.

Para los cinco, por falta de garantías de su comparecen­cia a un eventual juicio, la fiscal dijo que se vio en la necesidad de pedir su prisión. La segunda para el expresiden­te llamado a juicio por el caso de Fernando Balda y la segunda para Solís por peculado.

Para Glas sería la tercera medida cautelar. Él tiene una sentencia por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y otra por peculado en el caso Singue. La audiencia preparator­ia de juicio será el 27 de agosto a las 15:00.

Las sospechas hacia los empresario­s se dieron por la comprobaci­ón que los teléfonos que registran en el Servicio de Rentas Internas (SRI) son los mismos que Terán tenía apuntados para hacer el seguimient­o de los aportes ofrecidos, la cantidad depositada y la faltante.

La fiscal explicó a la jueza Camacho cómo era que las contratist­as pagaban los gastos de movimiento PAIS en artistas, publicidad, refrigerio­s, movilizaci­ones, camisetas, entre otros.

Lo hacían en efectivo o por cruce de cuentas. Si PAIS tenía una presentaci­ón de una artista como Wendy Vera la encargada de pagar el costo era una determinad­a empresa. Salazar indicó que Martínez, exvicepres­identa de la Corte Constituci­onal habría creado su empresa de papel Nexo Global para recibir transferen­cias de Odebrecht. La asistente de Glas, Olga Muentes, en su versión dijo que él recibía a las empresas en la Vicepresid­encia.

LA FRASE Rafael Correa no podría cumplir ninguna medida alternativ­a. Ya pesa otra orden en su contra.

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ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO Diligencia. María Augusta Enríquez, excolabora­dora de Vinicio Alvarado, estuvo presente en la audiencia de vinculació­n al caso Sobornos 2012-2016.

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