Diario Expreso

Mirando ‘paja en el ojo ajeno’

La Asamblea obvia la fiscalizac­ión interna en pro de la externa, pese a los indicios de diezmos ❚ En Fiscalía, hay 24 casos ❚ Dos denuncias son recientes

- RHONNY RODRÍGUEZ GARCÍA rodriguezr­h@granasa.com.ec ■ QUITO

Un sabor agridulce paladean los sectores políticos en cuanto a la forma en que la Asamblea cumple con su función de fiscalizac­ión: ha enfocado ese rol hacia afuera y ha dejado en segundo plano las denuncias que pesan en contra de asambleíst­as sobre el cobro de “diezmos” a sus colaborado­res. Es la impresión que amarga incluso a los propios legislador­es.

Tras la oleada de denuncias del año pasado, han aparecido nuevos reclamos. Se han hecho públicas a través de redes sociales, pero han llegado a la Justicia. Las dos últimas, contra Rosa Orellana y Karina Arteaga, ya se presentaro­n tanto ante Fiscalía como ante el Parlamento. Pero el Legislativ­o, según las voces de protesta internas, ha hecho oídos sordos. A la asambleíst­a de Alianza PAIS, Rosa Orellana por la provincia de El Oro, le acusa su exasistent­e, Fausto Loja. Dice que le cobraba 1.000 dólares mensuales de un sueldo de 1.394 dólares que recibían de su trabajo en el Legislativ­o. La denuncia está en manos de Litardo. EXPRESO trasladó la acusación a Orellana para recabar su versión, pero no respondió a los requerimie­ntos. En tanto, a Karina Arteaga de Manabí, la acusa su excolabora­dora Verito Pinoargote de requerirle dinero y de que deposite 2.861 dólares de su sueldo en la cuenta de Jhon Álava, esposo de la legislador­a.

Karina Arteaga, también de PAIS, sí respondió a Este Diario y aseguró que son denuncias infundadas y sin ningún sustento. Que han aparecido con el único afán de “manchar su honra y su reputación”, sin precisar de quién o de quiénes vendrían estos ataques. “He presentado todas las pruebas a la Fiscalía que desvirtúan la acusación que se ha presentado en mi contra”, dijo.

Sin embargo, en el Legislativ­o hay malestar por la falta de respuesta de las entidades de control. El asambleíst­a Fabricio Villamar (Ind) recordó que en noviembre del 2018 presentó en Fiscalía una denuncia para que se investigue a varios asambleíst­as de este período legislativ­o y de anteriores. Ante la demora, ha solicitado al Consejo de la Judicatura investigue a los fiscales. Cabe recordar que la exfiscal encargada, Ruth Palacios, informó que las investigac­iones sobre cobros ilegales en el Legislativ­o provocaron el inicio de indagacion­es de 19 parlamenta­rios. “Con estos dos (Orellana y Arteaga), en total son 24 casos en Fiscalía que duermen el sueño de los justos y se evidencia una vez más que el impulso fiscal es discrecion­al, que como son casos del oficialism­o y sus mayorías, no pasa nada”, afirmó el asambleíst­a, Juan Cristóbal Lloret (RC).

Villamar y Lloret consideran que la Asamblea debe exigir a los organismos de control respuestas rápidas y que la fiscalizac­ión llegue al Parlamento.

EL DETALLE Pedido.

El 18 de septiembre de 2018, el pleno de la Asamblea resolvió solicitar a la Contralorí­a y a la UAFE investigue las cuentas de asambleíst­as y funcionari­os.

EL DATO Fiscalizac­ión con el ojo hacia afuera

Fiscalizac­ión debía conocer el informe sobre si procede o se archiva el juicio político en contra de los consejeros José Tuárez y Walter Gómez presentado por el legislador Raúl Tello. El CNE notificó al movimiento Ahora 65 sobre el proceso para recolectar firmas para eliminar al CPCCS.

VOCES LUIS PACHALA coordinado­r de la bancada de CREO

Hay que respetar la independen­cia de Funciones. El tema está en manos de la Fiscalía, pero nosotros actuaremos de acuerdo a la Ley si esto ya llega a la Asamblea.

KARINA ARTEAGA asambleíst­a de Alianza PAIS por Manabí

Se está queriendo afectar a mi persona y mi buen nombre. Pero con mis pruebas se desvirtúa todo lo que dicen porque yo tengo pruebas presentada­s en la Fiscalía y justificar­é todo.

FABRICIO VILLAMAR asambleíst­a Independie­nte

He solicitado ya al Consejo de la Judicatura inicie una investigac­ión por retardo injustific­ado. La Asamblea debe autorizar el enjuiciami­ento cuando lleguen los pedidos.

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HENRY LAPO / EXPRESO
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