La Iglesia inscribe 30.000 bienes en dos décadas
Los registradores enviaron al Gobierno el listado de propiedades ❚ Su publicación desencadenará un alud de pleitos en España
El listado de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces oculto. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia católica sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo.
EL DETALLE Concesiones. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta 2015, en ese período se inmatricularon lugares como la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros.
La cifra de 30.000 propiedades, que ha llegado a EL PAÍS de fuentes conocedoras del encargo, responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas...) a casas parroquiales, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.
Su publicación permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso de que se compruebe que la Iglesia inscribió “bienes de dominio público”. El listado abriría la puerta también a que los afectados, sobre todo los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles. La tan esperada transparencia de las inmatriculaciones daría paso a una complicada batalla legal en juzgados de toda España.
Cuando el Ejecutivo finalmente envíe al Congreso el listado estará cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición, que fue aprobada en 2017 con los votos en contra del PP y Ciudadanos, y que daba seis meses de plazo. El texto instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, cambio que facilitó estas anotaciones registrales.
El anterior Ejecutivo no cumplió, pero hizo el encargo al Colegio de Registradores y llegó a reclamar varias veces a esta entidad que le entregara los datos, según demuestran varios oficios enviados entre octubre de 2017 y julio de 2018 a los que accedió EL PAÍS gracias a distintas solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia. En octubre, el director general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia escribió al Colegio para “reiterar la remisión del informe solicitado a la mayor brevedad posible”. Para entonces, el plazo de seis meses ya había vencido, como recordaba la misiva.
El director tuvo que insistir en diciembre de 2017 ante nuevas iniciativas parlamentarias que “reclaman al Gobierno la publicación del listado”, dice el oficio. Ya en enero de 2018 el tono fue cortés, pero mucho más firme. El colegio envió el 21 de diciembre un listado preliminar, pero faltaban datos. Algunos registradores no facilitaron información. En enero, el Ministerio de Justicia instó a enviar “requerimiento urgente a cada uno de los registros de la propiedad que no hayan informado sobre las inmatriculaciones”. Se puso serio. La respuesta debía darse en el plazo máximo de tres días y “bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad disciplinaria”.
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