El exministro Patricio Rivera blindó los vacíos de Coopera
Las autoridades desclasifican informes de la cooperativa cerrada
No solo se hicieron las cosas mal, también se ocultaron las irregularidades. Ayer, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ordenaron la desclasificación de archivos y documentos en torno a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coopera. Esto, según las autoridades de esas entidades, para evidenciar las triangulaciones que se escondieron durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
La entidad financiera cerró el 12 de junio de 2013 y perjudicó a más de 113.000 familias de Azuay y Guayas.
Iván Granda, secretario Anticorrupción, explicó que una de las anomalías detectadas es que el exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, emitió ocho resoluciones para blindar los informes sobre la cooperativa.
Rivera fue uno de los exministros con mayor poder en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Sin mayor explicación, el exfuncionario pasó a la Superintendencia y mantuvo un perfil bajo en esa institución. Nunca explicó con claridad por qué cambió de funciones.
Entre los señalados por el Gobierno actual también está la exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz. Ella respondió, en sus redes sociales, que no tuvo nada que ver con el proceso porque la cartera de Estado que ella dirigía no estaba a cargo del control de las cooperativas. “Fui nombrada ministra de Inclusión y me correspondió entregar la competencia de control de las cooperativas a la Superintendencia en junio de 2012, por lo tanto no puedo tener responsabilidad sobre el pasado ni sobre irregularidades de Coopera”, explicó en Twitter.
Detrás de la cooperativa existían una serie de irregularidades que motivaron su liquidación. Iván Granda mencionó que la entidad de ahorro y crédito acumuló casi 50 millones de dólares en pérdidas y que afectó a 113.000 familias con cuentas en esa institución. “Existió triangulación de fondos entre Venezuela y Ecuador a través de paraísos fiscales; depósitos ilícitos en 84 cuentas claves; empresas y exportaciones pantalla; ‘socios estrella’ que recibían beneficios al margen de la ley”, añadió Granda.
Con la desclasificación se pueden iniciar acciones contra los funcionarios que ocultaron información.